Mujeres y cannabis, un camino hacia la regulación mexicana

El 10 de marzo, la Cámara de Diputados del Congreso mexicano vivió un debate de casi siete horas sobre la Ley Federal de regulación del cannabis. Ya aprobada en senadores durante noviembre del año pasado, la norma resultó positiva con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.

Por Camila Gramajo Graña - Desde México
25 de marzo de 2021

La lucha por la regulación tuvo su primera aparición en el espacio político durante 2006, cuando la actual senadora Patricia Mercado, proponía en su plataforma electoral despenalizar el consumo de esta planta como alternativa a la mano dura contra el narcotráfico que el ex presidente Felipe Calderón erigía: “Siempre me decían que esas eran propuestas para Suecia, que me fuera a esos países, que no eran para México. Cuando ya teníamos una historia, estábamos entrando en una situación más complicada”.

La lucha contra las drogas en México ha mostrado ser un fracaso político, social y económico. Ninguno de los objetivos planteados fueron cumplidos: ni lograr la paz, ni mayor seguridad ni menos industria ilegal, y el sexenio del gobierno de Calderón evidencia como se violentó el país a partir de esta guerra: desaparecidos, asesinados, crecimiento de la inseguridad y de las desigualdades sociales. Hoy, México cuenta con más de 82 mil desaparecidos y desaparecidas, y cientos de miles de personas asesinadas víctimas del crimen organizado; una conjunción entre cárteles y las distintas fuerzas de seguridad estatales.

Frente a esta realidad tan cruenta, distintas organizaciones de consumidores, familiares de personas con alguna discapacidad o enfermedad y movimientos sociales a favor de la regulación, se fueron articulando para enfrentar la fuerte criminalización, con el fin de proponer una alternativa a la violencia.

Muchas de las que lideraron este proceso son mujeres, siendo hoy las representantes principales de distintas organizaciones como ReverdeSer colectivo, Instituto Ría, México Unido Contra la Delincuencia, Elementa Derechos Humanos, México Regula, Equis Justicia para las Mujeres, entre otros.

Desde el 2015, se han logrado pequeños avances a partir del amparo que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cuatro personas, otorgándoles el permiso para consumo lúdico de cannabis. En 2017, fue legalizada la marihuana con fines médicos. El siguiente año, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para despenalizar su consumo en la cámara alta, y Martha Tagle en la baja. A ellas, las han acompañado durante este último periodo legislativo Verónica Juárez y Jesusa Rodríguez.

¿Cómo ven estas mujeres este proceso de regulación? ¿Cómo se relaciona el feminismo con la legalización de las drogas? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo se sigue luego de estos primeros pasos? Amaya Ordorika (ReverdeSer); Martha Tagle (diputada nacional por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado (senadora nacional por el mismo partido) y Margarita (madre, cuidadora, culitvadora) desde sus feminismos, ellas nos cuentan este momento histórico en el país.

La regulación desde las representantes legislativas

La senadora Patricia Mercado ha sido una de las pioneras en este camino. Como feminista, considera que la lucha por la autonomía de los cuerpos, la libertad de elección y la ampliación de derechos son ejes fundamentales del movimiento: “Es un tema de justicia,  de paz. La lucha por el derecho al aborto dice lo mismo: despenalicemos, legalicemos, dejemos el camino punitivo, y reglamentémoslo como un problema de salud. En el caso del cannabis es exactamente la misma argumentación, dejemos el código penal y entremos al código de salud. Entonces creo que eso es lo que nos une”, dice.

-¿Cuáles consideras que son los logros de esta ley?

-Pensar en la regulación. Me duele mucho los cambios que hubo en la Cámara de Diputados. Es realmente no asumir la legalización de la planta, salir de la criminalización, del estigma. Asumir que el uso adulto y lúdico de la marihuana es un derecho, el libre desarrollo de la personalidad. No estamos hablando de más prohibición, no estamos hablando de cárcel; estamos hablando de regulación, de licencias, de permisos, de investigación, de cáñamo, de autoconsumo. Eso me parece muy importante.

Desde 2007, la legisladora Martha Tagle acompaña al movimiento por la regulación. En su primer mandato en la cámara baja, propuso junto con Elsa Conde, las primeras propuestas en esta materia: un paquete con tres iniciativas para despenalizar el uso personal adulto, el uso medicinal y el uso industrial de la Cannabis.

-¿Cuáles fueron los principales cambios que sufrió la ley en la Cámara de Diputados?

-Seguimos sin despenalizar la posesión, y además se generaron apartados específicos en este tema. Una serie de artículos bis, como capítulos especiales dentro de la propia ley, tanto en la Ley de Salud como en el Código Penal, que deja distintas penalidades en diferentes tramos para la portación.

“Se pusieron mayores medidas de punibilidad y establecieron  rangos (por ejemplo, de 28 gramos a 200 G es una sanción administrativa, de 200gr a 900gr una multa, más de 5.6 kg es básicamente narcotráfico). Eso genera un espacio de discrecionalidad, que no solamente es persecución y penalización, sino que además abre posibilidades de criminalización y de extorsión por parte de las policías”.

“Otro de los retrocesos tiene que ver con el asunto de las asociaciones, porque los permisos para el autoconsumo son muy difíciles. Es una invasión a la privacidad que tengas que pedir un permiso para sembrar en tu casa o para sembrar de manera asociada”.

“Por último, las licencias integrales. En el Senado se habían hecho una serie de licencias especiales para los productores mexicanos. Sin embargo, solo van a tener permiso para cultivar con fines comerciales quienes tengan la posibilidad de trazar la producción desde la semilla al producto final”.

“Eso lo hace la industria, como la tabacalera. Los productores mexicanos, que han sido los más perjudicados por esta guerra contra el narcotráfico, nos le va a quedar más que ser mano de obra de estas empresas.”.

-Te has definido feminista: ¿Cómo relacionas al movimiento con la regulación del cannabis?

-Desde el feminismo hemos venido trabajando siempre desde una agenda de derechos humanos. Nosotras tenemos una agenda progresista. No podemos impulsar posiciones conservadoras. Por otra parte, nos parece que como en todos los demás temas, siempre tiene un impacto de género.

“Es decir, las mujeres consumidoras están siendo vistas de manera diferente siempre. Se les criminaliza más. En México, a partir de la guerra contra el narcotráfico, se incrementó la presencia de mujeres en las cárceles por delitos de salud. Hay un impacto de la política en materia de drogas que afecta de manera diferencial a las mujeres, y por eso hemos estado batallando contra el prohibicionismo, porque un gran sector de las personas afectadas sin duda hemos sido las mujeres. Hay muchos elementos para que empujemos esta agenda”.

Madres cuidadoras/cultivadoras, por el reconocimiento de sus derechos

Margarita Garfias es madre de Carlos, un joven con discapacidad múltiple quien ha conseguido un amparo de la SCJN para el uso de cannabis medicinal. Desde 2017, la utilización de la marihuana con fines médicos es legal en México.

Sin embargo, recién el 12 de enero de este año se publicó el reglamento de la Ley, que prohíbe, entre otras cosas, que las personas cultiven la planta para producir sus derivados y solo habilita el acceso a medicamentos que contengan canabinoide por medio de un recetario especial al que aún las y los médicos no pueden acceder.

En México, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres cuidadoras en salud representa el 29.1% del PIB de ese sector. Madres, abuelas, nietas, hermanas que recurren al cultivo y al mercado negro para conseguir los derivados que requieren quienes reciben cuidados, y que aún siguen en la ilegalidad, ni siquiera la nueva Ley habilita el cultivo con fines medicinales.

-En tu Twitter te defines cómo #soycuidadora: ¿Qué significa eso para ti?

-El soy cuidadora nace de reconocer que somos las mujeres las que principalmente asumimos ese trabajo. Surge para ser una disrupción a la cultura y sistema actual, en donde el modelo médico nos etiqueta como cuidador familiar primario cuando en su mayoría quienes hacemos este trabajo somos mujeres. El segundo término, familiar primario, perpetua que solo una persona de la familia sea asignada como única responsable de los cuidados de salud de otra persona, y está más que documentado que eso causa problemas físicos y psicológicos.

“Soy cuidadora quiere hacer una disrupción en el sistema político y económico porque el costo de asumir los cuidados intensos y extenso especializados de otras personas nos hace renunciar a nuestro proyecto de vida, a nuestros derechos y por consiguiente a los derechos de quienes dependen física, emocional y económicamente de nosotras”.

“Las tareas de cuidado hacen que las mujeres no participemos en la vida política forzadas por la situación. Siendo muchas mamás las que vivimos lo mismo, nos tocó cabildear en la Ciudad de México cuando se creó la asamblea constituyente, y una nueva constitución para esta ciudad. Imagínate un grupo de mamás, que terminamos como la vaca en el techo: no supimos ni cómo llegamos ahí, pero lo hicimos”.

“Logramos colocar tres artículos en esta naciente Constitución: reconocer el derecho al cuidado; a la discapacidad múltiple y el uso terapéutico de la planta. Que al menos no fuéramos juzgadas quienes tuviéramos que recurrir a ella. Aquí es cuando se posiciona el tema. Comenzamos a hablar más de cuidados, de todo lo que perdíamos, de los derechos que no teníamos”, dice.

Mujeres y cannabis: la criminalización de las usuarias

Amaya Ordorika cuenta que el movimiento ReverderSer, al que pertenece desde 2011, surgió debido a la preocupación de un grupo de estudiante de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por la fuerte violencia que vivió el país debido a la guerra que se ejerció abanderando la supuesta protección de los y las jóvenes. Quienes no se sentían protegidos, sino criminalizados y estigmatizados por ser personas usuarias en el marco de esa estrategia de seguridad pública.  

-¿Por qué la guerra contra las drogas es también patriarcal?

-Se da dentro de un sistema que no funciona de manera aislada, sino de manera interconectada. Lo que nosotros hemos visto es que la estrategia de seguridad militarizada ha tenido un impacto claro en la violencia contra las mujeres. Se ha implementado una estrategia de seguridad hipermasculinizada, en la cual los cuerpos de las mujeres se han vuelto botín de guerra, pero que también ha generado una situación de impunidad generalizada que ha facilitado la violencia contra nosotras.

Las mujeres que nos relacionamos con plantas y sustancias psicoactivas, sufrimos un estigma aún mayor que el de los hombres porque, por ejemplo, para las mujeres usuarias se considera que estamos transgrediendo nuestro rol tradicional de género, y el placer de las mujeres es mucho más estigmatizado”.

-¿Qué pasa con las mujeres criminalizadas que están en situación de encierro? ¿Hay en la Ley algún artículo que piense en revertir esa situación?

-En uno de los artículos transitorios de La ley viene el tema de la excarcelación. Para nosotros no con suficiente claridad ya que no incluye plazos. Dice que debe activarse de oficio por el Estado y también cada persona de manera particular. Pero, al no establecer plazos, no genera un proceso que obligue a realizarlo dentro de una cierta temporalidad.

“Las que tenga acceso a representación jurídica y estén enteradas de esto, podrán fomentar y solicitar su salida. Sin embargo, ahí se vuelve a cruzar una cuestión de clase y de racismo. Ese va a ser uno de los retos que tengamos como organizaciones: garantizar que ese artículo efectivamente funcione”.

“Otro de los problemas que tiene es que no incorpora ninguna noción de justicia social ni de reinserción social para con estas mujeres o personas excarceladas. No hay ninguna mención a su papel dentro del mercado regulado e incluso las personas excarceladas por delitos graves contra la salud no podrán participar en las asociaciones cannábicas porque la Ley contiene una exclusión al respecto”, explica la activista.

En la actualidad, hay más de 3 mil las mujeres encarceladas por crímenes contra la salud en México. En el resto de Latinoamérica, los números son igual de aterradores. Según Equis Justicia Para las Mujeres, son más de 60%. Por otro lado, en este país, 90% de las mujeres en situación de encierro aún no tienen condena. 

Amaya sostiene que una de las fallas más grandes de esta Ley es que si bien en su exposición de motivos habla de reparar los daños de los años de guerra contra el narcotráfico, en el texto concreto no hay ninguna medida clara sobre cómo se va a hacer esto: “Al contrario se está diseñando un mercado para grandes capitales que sabemos, (porque además lo vimos suceder en EEUU), se componen de hombres blancos, de clase media alta, que tiene los recursos”, menciona.

La Ley de 2017 y la recién aprobada en la Cámara de Diputados que aún continua su camino legislativo, son los primeros pasos de una lucha que apenas comienza para estas mujeres y quienes la acompañan: “Siempre supimos que no iba a salir todo perfecto a la primera, que esto iba a ser un proceso que no se iba a acabar con la primera regulación. Dar este paso significa ganar una batalla política y con el imaginario colectivo, de que es posible no prohibir, de que hay otras opciones: ¿Cuáles son los cómos? Bueno, eso lo seguimos discutiendo. Pero esa noción de poder revertir una política de 100 años en nuestro país es un logro fundamental”, finaliza.

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