En la plaza principal de Santa Rosa del Conlara, en San Luis, una bandera resumió lo que todavía se preguntan todos: “¿Qué pasó con Florencia?”. A más de tres meses de aparecer muerta en una celda de la comisaria, la familia de Florencia Morales insiste en que no fue un suicidio y apunta a la responsabilidad de la policía. Además, se queja de la parálisis en la justicia. “La causa está frenada. Sin antes era por la pandemia ahora es por la feria judicial. Pedimos que se reactive porque pretendemos que se sepa la verdad”, afirma la hermana.
La mañana del 5 de abril, Florencia Morales, de 39 años, salió de su casa, en Santa Rosa de Conlara, para hacer algunas compras hasta que unos policías intentaron detenerla porque circulaba en contramano con su bicicleta. La mujer terminó en la comisaria 25 por incumplir la cuarentena donde, según la versión oficial, hubo un forcejeo con algunos agentes lo que derivó en el traslado al hospital de la zona. Se sabe que Florencia volvió a la comisaría porque más tarde apareció ahorcada en una celda.
Una reautopsia solicitada por la familia precisó lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo y debajo de las dos rodillas compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe forense.
“Fue la primera vez que la gente de Santa Rosa marchó por mi hermana. Fue muy emocionante y al mismo tiempo demuestra que la gente de San Luis se cansó. Hasta ahora muchos se habían callado por conveniencia o miedo, pero ya no pueden tapar el sol con la mano”, dice Celeste Morales, quien, aun viviendo en Mendoza, asumió el reclamo judicial y se hizo cargo de los hijos menores y la nieta de Florencia.
Por su parte, el abogado Santiago Calderón Salomón, representante de los Morales como particular damnificado, afirma que “la causa esta frenada hace dos meses” y destaca que, si bien se los pasó a disponibilidad, “todavía no declaró ninguno de los policías que estaba de turno ese día en la comisaría, es decir, no hay procesamiento, indagatoria y menos una preventiva”.
Entre las medidas solicitadas por la familia de Florencia que aún están pendientes, figura la entrega de las filmaciones de las cámaras de seguridad de los comercios lindantes a la comisaría, el análisis de ADN de las prendas que vestía la víctima y el cotejo consecuente con el de los agentes involucrados y el resultado de las pericias a los celulares de los efectivos.
“La única novedad que tuvimos –agrega Salomón– fue hace algunas semanas cuando la Cámara de Apelaciones de Concarán nos denegó el pedido de recusación que hicimos del juez Jorge Pinto por considerar que no estaba siendo imparcial y que se negaba a investigar hipótesis distintas a la del suicidio. En la misma resolución se afirma que el juez cometió un error gravísimo al suspender el proceso y lo intima a movilizar la causa. No solo nosotros, sino también la Cámara reconoce una parálisis injustificada”.
Florencia era madre sola de tres hijos y vivía con los dos menores y la única nieta. En su declaración ante la justicia, su psicóloga negó que estuviera atravesando una depresión, algo que la familia viene sosteniendo desde el comienzo de la investigación.
“Vamos a conseguir justicia –concluye Celeste– por Florencia, para que su alma descanse en paz y para que sus hijos y su nieta sepan la verdad y no piensen que su madre fue una suicida. Nadie puede entender que una mujer salga a comprar y termine muerta en una comisaria”.
