No es la policía de la Ciudad que votamos

Columna de Opínión. Por Andrea Conde, legisladora por el FPV-Nuevo Encuentro y miembro de la Comisión de Seguridad en la Legislatura Porteña.
10 de Abril de 2017

Cuando las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran en manos de gobiernos neoliberales que aplican medidas de ajuste, generan exclusión y empobrecen las condiciones de vida del pueblo, se intensifica fuertemente su accionar represivo. La cara oscura de la revolución de la alegría macrista es el abandono de un paradigma de derechos humanos y la adopción de uno punitivo, en el que las fuerzas de seguridad se convierten por excelencia en la herramienta de disciplinamiento y control social de los gobiernos de derecha.

Hace un poco más de un año, en enero de 2016, la agenda legislativa se anticipaba con una sesión especial convocada por el PRO para aprobar el convenio de traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad. El convenio era vago sobre los términos y recursos de esa transferencia. Unos meses después, desde la Legislatura insistíamos para lograr la sanción de una nueva ley, que tomando los lineamientos que había dado origen a la Policía Metropolitana, permitiera profundizar y abarcar en el paradigma de la seguridad democrática a la fuerza resultante del traspaso.

El FPV fue el único bloque opositor que expresó su propuesta en un proyecto de Policía de la Ciudad a través del cual logramos hacer significativos aportes al proyecto del Ejecutivo, que luego acompañamos con nuestro voto en el recinto. Fue positivo haber podido aportar nuestra mirada sobre un tema tan central para la construcción de la autonomía de la Ciudad y que implica la seguridad y el bienestar de todxs lxs porteñxs. Sin embargo, ya en ese momento advertíamos que, como había pasado con la Policía Metropolitana, el macrismo podía torcer, mediante su aplicación, los principios que rigen esta ley. Denunciábamos en ese momento que seríamos sigilosos guardianes de su implementación porque habíamos observado cómo una ley consensuada y democrática, como la de creación de la Policía Metropolitana, se había convertido bajo la conducción del Fino Palacios en una policía represiva y que se dedicaba a cosas como escuchar ilegalmente a opositores.

Es así como hoy nos encontramos con una "nueva policía" que lejos de respetar los principios de la ley, cae en un accionar que ya podemos definir como sistemático, reprimiendo niños, niñas y adolescentes pobres, y persiguiendo a mujeres, lesbianas, trans y migrantes. Una nueva policía que parece estar especializándose en muy viejas prácticas, reprimiendo brutalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que son los más afectados por la política económica de este gobierno.

En este contexto, la reglamentación de la ley de seguridad pública, aún pendiente, dista de ser un proceso burocrático para convertirse en una disputa central sobre la orientación efectiva que tiene que tener la policía de la Ciudad. De un proceso cerrado, de espaldas a la legislatura y los habitantes de la ciudad, como el que está desarrollando el ministro Ocampo en este contexto, sólo podemos esperar una legitimación formal del carácter represivo y disciplinador que la nueva fuerza está desarrollando.

Que quede claro, los porteños y porteñas no necesitan una policía que meta pibes presos en comisarías, que haga razzias contra mujeres, lesbianas y trans o que reprima a los que salen a la calle en defensa de sus derechos. Mejorar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires requiere de una policía profesional y transparente, que intervenga, neutralice e investigue los delitos desde un paradigma de seguridad democrática. Eso es lo que votamos. Sin embargo, hoy vemos que la Policía de la Ciudad actúa como una herramienta de control poblacional que sólo es funcional a la política de ajuste que este gobierno está llevando adelante.

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