Pensiones por discapacidad: nuevo reclamo por acceso a la salud

Desde 2017 el gobierno recortó los presupuestos destinados a  transporte, servicios como medicamentos, educación, centros de día, inclusión escolar, rehabilitación, centros educativos terapéuticos, estimulación temprana.
30 de Julio de 2019

Ante el ajuste que lleva adelante el gobierno en uno de los sectores más vulnerables, el Foro Permanente para la Protección y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a familiares, realizaron este martes a la mañana un nuevo reclamo frente a la sede de la de la obra social Incluir Salud, la cual depende de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Las personas con discapacidad se encuentran entre los más perjudicados a la hora de encontrar empleo y generar ingresos propios que les permitan su subsistencia.

El Gobierno Nacional ha establecido una política que tiende a desmantelar la posibilidad de inclusión de las Personas Con Discapacidad (PCD) en situación de pobreza, beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC).

La pérdida de las PNC arrastra como consecuencia la privación de la cobertura de salud. El 72% del universo de las PNC es asignado a personas con discapacidad mientras que el 28% corresponde a madres .El deterioro de las políticas de inclusión se verifica en que bajo la gestión de Cambiemos más de 170 mil personas fueron dadas de baja de las pensiones.

En primera instancia, avanzando sobre la quita de pensiones, tomando decretos que han perdido vigencia y tomando resoluciones que implicaban quita de pensiones (Certificado Médico Obligatorio digital imposible de conseguir), situación que la Justicia en varias instancias ha desestimado pero que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus funcionarios desconocen, por lo que generan nuevas medidas que avanzan sobre la vulneración de derechos.

La problemática afecta más sensiblemente a lo relacionado al sistema de atención de salud para diferentes patologías. Los organismos denuncian que el gobierno no ejecutó los presupuestos ya aprobados desde el año 2017 destinados a transporte, servicios y contención de las personas, por lo que se ven privadas de medicamentos, educación, centros de día, inclusión escolar, rehabilitación, centros educativos terapéuticos, estimulación temprana, hogares, insumos.

Desde el foro denuncian esta práctica arbitraria: “El sector viene atravesando el ajuste en prestaciones corrientes y complementarias brindadas durante los años 2017, 2018 y 2019. Al igual que descuentos indiscriminados e injustificados permanentes como el 40 % de transporte en Mayo 2018, matrículas, CFI (centros de formación integral) donde no reconocen las edades que marcan las legislaciones”.

El Programa Federal Incluir Salud anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones.

En diálogo con Tiempo, el organismo denuncia desamparo de parte del gobierno: “Llevamos exigiendo respuestas hace tiempo, en el mes de mayo, el ejecutivo se comprometió a liberar parte de los fondos adeudados desde 2017 destinados a las terapias de los pacientes pero eso jamás ocurrió”, aseguran.

En Mayo pasado, distintos organismos que promueven los derechos de personas con discapacidad realizaron un reclamo masivo frente a la quinta presidencial ubicada en Av. Maipú 2100, pero el gobierno continúa en su postura.

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