Nueva avanzada contra Gils Carbó

Una simple orden de presentación de documentación en el Ministerio Público Fiscal se llevó a cabo con un operativo policial y cobertura mediática en simultáneo.
5 de Mayo de 2017

En un curioso procedimiento, el secretario del juzgado de instrucción porteño Rodolfo Cresseri, subrogante del juzgado nacional en lo criminal y correccional 40, emitió una orden de presentación para obtener documentación sobre la licitación del alquiler de un inmueble destinado al Ministerio Público Fiscal, y convirtió el trámite en un virtual allanamiento al edificio de Avenida de Mayo 760, donde funcionan oficinas de la Procuración.

Fuentes de la Procuración advirtieron que se trató de una maniobra originada en un armado de la causa a partir de notas periodísticas convertidas en causas judiciales de forma “increíblemente desprolija” y agregaron que los efectivos policiales arribaron al lugar acompañados por periodistas del grupo Clarín, medio que publicó un artículo sobre presuntas irregularidades en la locación del edificio. También advirtieron que quien firmó la “orden de presentación” como juez criminal y correccional subrogante, es decir Cresseri, es en rigor secretario de ese juzgado, por lo que resulta “incompetente” para llevar a cabo el procedimiento.

El operativo se realizó en la causa en la que se investiga el alquiler de un edificio durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. La denuncia del diario Clarín aseguraba que el organismo había alquilado un edificio en Corrientes al 1600 por 6.580.000 pesos y que la propiedad nunca se usó. La Procuraduría desmintió la acusación del matutino al responder que el inmueble había sido alquilado para “dotar al MPF de la estructura edilicia necesaria para dar cumplimiento al cronograma de implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio dispuesto por el Congreso de la Nación en el año 2015", que el propio gobierno de Cambiemos dejó sin efecto.

— Fiscales (@FiscalesGobAr) 26 de abril de 2017
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