La norma introduce la figura del arrepentido, cambios en el sistema de multas, habilita un programa para detectar estructuras económicas o empresariales abusivas y crea la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), un organismo descentralizado del gobierno, en cuya órbita funcionará el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas, además de la Secretaría de Concentraciones Económicas.

Los empresarios apoyaron la ley, al menos oficialmente. Pero la norma apareció en medio de algunos cruces entre los hombres de negocios y las autoridades políticas, que polemizaron por la formación de precios en el contexto inflacionario. Por caso, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, amenazó esta semana con «mostrar la lista de los empresarios que aumenten precios de los alimentos».

La declaración de la mandataria llamó la atención porque se conoce la buena relación que mantiene con el denominado Círculo Rojo pero cobró significado en el marco de la fuerte caída de imagen de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Vidal ordenó un estudio para conocer la identidad de los dirigentes que «están aprovechando la suba del dólar para aumentar sus beneficios». «