Nueva Policía porteña: un traspaso con amenazas y la seguridad como rehén

La accidentada fusión de la Federal y la Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires generó una interna policial tan compleja como peligrosa, mensajes mafiosos incluidos. Larreta advirtió que no habrá "contemplación ante actos de boicot. La población, a merced de una disputa no resuelta por prebendas administrativas y negocios clandestinos".
7 de Enero de 2017

Hace diez días, en el mediodía de Parque Patricios, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aceptó que la fusión de los efectivos de la Federal con los de la Metropolitana para conformar la Policía de la Ciudad "pudo haber generado algunas molestias". A su lado, el converso José Pedro Potocar, obligado a renunciar a su condición de uniformado con más de 30 años de servicio por culpa de una promesa electoral de conducción civil, escuchaba sentado, luego del trámite de jura como jefe de la flamante fuerza.

El anuncio, como es habitual, se siguió por las redes sociales. "Es el maldito ego que tienen. No importa, es un trabajo duro pero los vamos a enderezar, vamos a pulir sus pensamientos retorcidos y mañas que tienen, se los aseguro señores, no me va a temblar la voz para retarlos las veces que hagan falta", escribió en Facebook un metropolitano, quizás arengado por los augurios de Potocar.

"Viene algún paquito (manera despectiva para referirse a los empleados de seguridad privada) de la Metropolitana a darme órdenes y lo meo", avisó en la misma red un agente de la Federal, furioso –como tantos– de haber pasado a la órbita de la Ciudad.

En los días que siguieron, el clima no mejoró. El martes, en las afueras de la comisaría 30ª de Barracas, un grupo de familiares de efectivos federales repudió el acto por la puesta en marcha de la nueva fuerza. Apenas 24 horas más tarde, el video de un petardo estallando sobre el cuadro del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, en el interior de la comisaría 54ª de Villa Luro, se volvió viral. La amenaza les costó el puesto a tres suboficiales.

La primera –evidente– conclusión del estreno de la Policía de la Ciudad es que la unificación generó mucho más que una simple "molestia". La segunda, más grave, es que la seguridad de los porteños quedó subordinada a una interna tan compleja como peligrosa, transformándolos en rehenes.

"No vamos a tener ninguna contemplación ante actos de boicot. Si hay alguno que no está de acuerdo con los traspasos, les aviso que no nos va a frenar", aseguró el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, intentando despejar el pronóstico instalado en gran parte de la sociedad: las diferencias dentro de las fuerzas se van a zanjar de forma violenta con daños colaterales para el resto.

"Las amenazas en redes sociales las tenemos monitoreadas. Entiendo que haya gente que tiene su corazón en la Federal, pero las quejas vienen de parte de los que ven peligrar sus intereses personales. Nosotros nos hemos encontrado con policías que hacía 15 años que no portaban armas ni vestían el uniforme. ¿Para qué estaban? Y no hablo solo de corrupción sino también de permanecer en un esquema de confort. La Federal tenía vida propia, se autogestionaba, y eso no puede ocurrir más", confió a Tiempo un funcionario de la Cartera de Seguridad. 

En voz alta, los federales se quejan por el futuro de su caja de jubilaciones. Acostumbrados al sistema solidario, en el que aportaban tanto los efectivos activos como los retirados, con apenas diez años de servicio ininterrumpido cualquiera con la edad correspondiente podía colgar la gorra. Otro temor es la pérdida de los beneficios derivados de la mutual policial que, entre otras prerrogativas, les permite la compra de electrodomésticos en cuotas y la atención en el Hospital Churruca.

Pero el gran disgusto es el asunto de las horas extras. Por su estatuto orgánico, la Policía de la Ciudad no puede realizar trabajos adicionales. Para la Federal, en cambio, la seguridad extra forma una parte importante de sus ingresos legales. Intentar conservar los otros puede encender la mecha.

Regular el crimen

La Legislatura porteña aprobó a mediados de noviembre del año pasado el Sistema Integral de Seguridad Pública, que creó la Policía de la Ciudad. La norma fundó una fuerza novedosa integrada por unos 6000 miembros de la Metropolitana y los 19 mil efectivos traspasados desde la Federal. Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, se prevé que entre enero y marzo de 2017 la totalidad de los 25 mil agentes estén en las calles.

Si bien no existen datos actualizados sobre los fondos de la nueva fuerza, según el Presupuesto 2016, los casi 20 mil nuevos empleados (entre policías y bomberos) que pasaron a depender de la Ciudad representan un gasto total que ronda los 12 mil millones de pesos. En ese sentido, para financiar el costo del traspaso, el Gobierno nacional aumentó por decreto los fondos coparticipables para la Ciudad de 1,40% a 3,75%, lo que representó 16.747 millones, según las estimaciones de Ariel Melamud, especialista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

El anuncio del desembarco de la nueva fuerza también incluyó la compra futura de 300 patrulleros y 40 pickups, todos "blindados y equipados con alta tecnología", además de 300 motos, 60 cuatriciclos y 40 autos eléctricos. El proyecto coronará con la apertura de un instituto universitario para la formación de cuadros policiales impolutos, es decir, ajenos a los vicios de la vieja guardia.

Sin embargo, los especialistas en seguridad que no están enrolados en el Gobierno son pesimistas al imaginar a los federales traspasados abandonando sus tradicionales prácticas de recaudación. "En la jurisdicción de la Comisaría 1ª hay 4000 privados. A 10 mil pesos por semana, cada uno es una caja negra millonaria. ¿La van a compartir con los metropolitanos o van a renunciar a toda esa plata? Veo difícil cualquiera de las dos posibilidades", arriesga uno de los especialistas consultados.

Según un decreto de 2009 del Gobierno porteño, el sueldo básico del jefe de la Policía Metropolitana debe ser igual al de un juez de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad (algo más de 70 mil pesos), y los salarios de los grados más bajos se fijan en relación al del jefe policial (en promedio un agente raso cobra 15 mil pesos).   

Un efectivo de la Policía Federal, en cambio, cobra en base al escalafón salarial establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con el aumento del 31% establecido en mayo último, un oficial ayudante percibe un básico de 8971 pesos, mientras que en el caso de los suboficiales, el grado más bajo cobra un salario de 7688 pesos, aunque esta fuerza tiene la posibilidad de realizar adicionales. 

"El conflicto se va a resolver rápidamente: la Federal se va a comer a la Metropolitana. Son 20 contra cinco y encima ellos saben hacer lo que hacen. Tienen estructura, no es un descontrol como es la Bonaerense, nada se mueve sin la aprobación de arriba. Potocar no es un outsider, sino que viene del palo de las comisarías. Ellos saben mandar y más que nadie saben regular el crimen. Por eso van a tratar de tener todo controlado", reflexiona la fuente.

En este contexto de incertidumbre y temor por lo que viene, ni el uniforme se salvó de la polémica. La combinación del turquesa con bordó provocó una ola de burlas en las redes sociales (la mayoría emparentó a los oficiales con repartidores de correspondencia), y el Gobierno y las autoridades policiales debieron reaccionar: los agentes de la nueva Policía de la Ciudad tienen prohibido posar con el atuendo ante reporteros gráficos o cualquier tipo de publicación hasta nuevo aviso. «

Dónde arreglar el patrullero

En medio de las tensiones por el traspaso circuló un audio de un presunto agente federal con serias acusaciones que comprometerían a Horacio Rodríguez Larreta, al comisario general Guillermo Calviño y al ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo, entre otros. "Los talleres mecánicos donde llevan los patrulleros son de parientes de todos ellos", dice en un tramo de la grabación. También denuncia irregularidades con la obra social, la tarjeta de carga de combustible y hasta la librería donde la Metropolitana compraría insumos. "Cada dependencia tiene uno o dos agentes que luchan por el no traspaso", cierra el audio.

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