Escuelas Nocturnas: se conformó una Comisión para frenar los cierres

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó a la ministra de Educación porteña y los gremios docentes para destrabar el conflicto provocado por la resolución que abrió la puerta al cierre de establecimientos educativos. Las partes firmaron un acta para conformar un cuerpo que analizará la continuidad laboral y la adecuación de la oferta educativa y los planes de estudio. 

(Foto: Defensoría del Pueblo)
Por Martín Suárez - Para Tiempo Argentino
4 de Enero de 2019

En el marco del encuentro convocado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para mediar en el conflicto entre la comunidad educativa, los gremios y la ministra del área Soledad Acuña, por el cierre de escuelas, las partes acordaron conformar una comisión para evaluar la continuidad laboral de los docentes y discutir la implementación de la oferta educativa y  la adecuación de los planes de estudio.

La titular de la cartera de educación porteña volvió a ratificar la resolución 4055/18 de la que se desprende el cierre de escuelas nocturnas, aunque hubo un cambio en su discurso: “El acta que firmamos hoy ratifica la convicción de transformar la oferta de las comerciales nocturnos que hoy no están dando respuesta a la ciudadanía, y de abrir con ofertas nuevas y renovadas”, sostuvo, con lo que dio a entender que el gobierno nunca habló de cerrar escuelas.

En las últimas horas del jueves el Ministerio de Educación difundió un comunicado donde convocaba a los gremios docentes a una reunión sobre el cierre de las escuelas nocturnas. Lo cierto es que el encuentro había sido convocado por el titular de la Defensoría de la Ciudad, Alejandro Amor, quién ofició de mediador entre el conflicto que tensó la relación entre las autoridades educativas y la comunidad educativa.

La reunión entre los docentes, funcionarios de gobierno y la defensoría de la Ciudad, se realizó luego que los maestros advirtieron que si el gobierno porteño no derogaba la resolución ministerial anunciarían medidas de fuerza que impedirían el inicio del ciclo lectivo.

Del encuentro, que duró alrededor de dos horas, participaron además de Acuña, el subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, Javier Tarulla y representantes de casi todos los gremios docentes de la ciudad, entre ellos, el titular de Ademys, Jorge Adaro; el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López; y dirigentes de Sutecba, UDA, ADEF, Seduca y SEDEBA, entre otros.

En diálogo con Tiempo,  Adaro, tomó distancia del presunto cambio de posición de Acuña: “La ministra ratifica el cierre de las escuelas comerciales nocturnas en un período de acá hasta el año 2022, aunque buscan un maquillaje para esto”, sostuvo. Durante el encuentro, Ademys planteó la derogación de la resolución de Acuña como requisito de garantía para la continuidad laboral de los docentes. Y además dejaron en claro que cualquier acuerdo estará supeditado a la consulta de sus representados

UTE  también exigió la derogación de la 4055/18 y solicitó“que la actualización de currículas se realice con las escuelas abiertas”. Al igual que su par de Ademys, Eduardo López dejó en claro que “las propuestas serán puestas a consideración de las trabajadoras y trabajadores para que se resuelvan democráticamente en el mes de febrero”.

El defensor del pueblo, Alejandro Amor,aseguró que “lo más importante de la reunión fue la ratificación de que no se cerrarán escuelas y que todos los docentes tienen garantizada su continuidad laboral. Esos compromisos quedaron establecidos en un acta que tiene fuerza de ley entre las partes. Además, se decidió conformar a partir de hoy una comisión que comenzará a trabajar la semana que viene“.

Ese cuerpo tendrá como objetivo discutir la implementación de la oferta educativa y de los planes de estudio vigentes adecuándolos a nuevas modalidades y garantizar la continuidad laboral de todos los docentes. Los objetivos serán controlados por una comisión en el ámbito de la Defensoría del pueblo de CABA, integrada por los gremios, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de la cartera educativa.

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