La comunidad mapuche de Cushamen, donde varios testigos vieron por última vez a Santiago Maldonado durante el operativo de Gendarmería del 1 de agosto, es escenario de un segundo rastrillaje. En esta oportunidad, y por primera vez, es realizado con la presencia del juez Guido Otranto, acompañado por el fiscal de Chubut Oscar Oro, y alrededor de 150 efectivos de la Policía Federal. Sin embargo, no hubo representantes de la familia, ya que según afirmó Verónica Heredia, la abogada que los representa, les avisaron con el hecho consumado. Aunque sí lograron acercarse representantes de la APDH y de la CepProDH.

Según trascendió, el objetivo del rastrillaje es ampliar la búsqueda en el río Chubut y encontrar posibles rastros en esa área. Además, Prefectura está rastreando la orilla del curso de agua donde se perdió el rastro durante la primera pesquisa. De manera simultánea, la ministra Patricia Bullrich afirmaba ante la Comisión de Seguridad del Senado no solo que no estaba probado que Santiago Maldonado hubiera estado en ese sitio –a pesar de los dichos de los testigos– sino que también diferenciaba entre “argentinos y mapuches”, y calificaba a estos últimos como “un grupo de extrema violencia”.

Periodistas de Revista Cítrica, que cubren los acontecimientos desde el lugar, informaron que se cortaron los tres accesos a la comunidad y que hay más de trece patrullas policiales. Además, denunciaron que fueron amedrentados y filmados por la fuerza de seguridad mientras realizaban su trabajo.

Las pesquisas, según dijeron varios senadores en la audiencia a la que compareció la ministra Bullrich, dejan de lado la figura de la desaparición forzada y además indicaron que el gobierno le estaría dando la importancia necesaria.