Nuevos retrocesos en las causas por complicidad empresaria

La anulación de la condena al dueño de La Veloz del Norte –sentenciado a 12 años de prisión por el secuestro de un delegado– revela los límites de los procesos sobre civiles.
7 de Octubre de 2017

La complicidad empresaria con la dictadura que cobró relevancia a partir de las denuncias de trabajadores y las investigaciones abiertas en el proceso de juzgamiento no tuvo su correlato en la Justicia argentina. El reclamo fue incluso consigna en las marchas del 24 de Marzo por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero en rigor, de los ocho empresarios y directivos de empresas que fueron procesados, el único condenado era el salteño Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, sentenciado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas al delegado Víctor Manuel Cobos. Esa condena fue anulada esta semana por la Sala III de la Cámara de Federal de Casación Penal, en un fallo que contó con la firma del macrista Carlos Mahiques.

De esos civiles procesados sólo tres esperan llegar a juicio: dos en la causa de la empresa Ford de General Pacheco y uno de la Compañía Minera El Aguilar, de Jujuy. En el camino, murieron dos directivos de esas empresas y quedaron impunes. Otros fueron sobreseídos: Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y su exadministrador Alberto Lemos, fueron procesados en 2012 por el Juzgado Federal N°2 de Jujuy por la desaparición de trabajadores en las Noches del Apagón, pero en 2015 los jueces Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky de la Sala IV de Casación los sobreseyeron. Esa decisión fue apelada por la fiscalía y las querellas. "La Corte Suprema está en condiciones desde enero de resolverla", dijo la abogada Paula Álvarez Carrera.

Otros empresarios igualmente importantes ni siquiera fueron procesados: Vicente Massot, del diario La Nueva Provincia obtuvo una falta de mérito, mientras que Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto del Grupo Clarín y Bartolomé Luis Mitre, del diario La Nación, fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini sin siquiera declarar en la causa por Papel Prensa.

La anulación de la condena a Levín lleva la firma de Carlos Mahiques, puesto a dedo por el presidente Mauricio Macri –maniobra denunciada ante el Consejo de la Magistratura y la justicia– y de los jueces Eduardo Riggi y de Gemignani que contaba con el antecedente de Blaquier.

"La interpretación de Casación es política, disfrazada con argumentos jurídicos", explicó el abogado y periodista Pablo Llonto. "Esto es parte de la estrategia del gobierno para frenar y poner obstáculos a los juicios y de ir abriendo ventanitas por las que se escapen los represores", detalló.

Para la abogada platense Guadalupe Godoy "el Poder Judicial estaba dispuesto, si no le quedaba otra, a condenar jefes militares y policiales, pero no a los civiles y los dueños del poder real". La letrada que integró las querellas en el juicio a Etchecolatz y Circuito Camps, entre otros, remarcó que el fallo que quitó culpas a Levín también pone en duda la palabra de las víctimas, es decir, atenta contra todo el proceso de juzgamiento. "Se hacen eco de la deslegitimación de los testigos que han hecho siempre los defensores de genocidas", señaló.

El 12 de septiembre pasado, integrantes de la Mesa Intersindical de Derechos Humanos que reúne secretarios de DD HH de gremios de la CGT y la CTA se reunieron con Jorge Auat y fiscales en la Procuración y coincidieron en la necesidad de articular estrategias para avanzar en las causas en las que se investigan las responsabilidades empresarias.

El último Informe Estadístico de la Procuraduría de crímenes contra la Humanidad indica que hay 593 causas con 2780 imputados, de los cuales 750 fueron enjuiciados y condenados. Los civiles con responsabilidad empresaria son una ínfima parte de ese universo. «

Cantón, querellante en un juicio por la represión

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires (SDH-BA), Santiago Cantón, estará entre los querellantes el martes cuando el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín comience a juzgar a dos ex militares por los crímenes de lesa humanidad del centro clandestino “El Campito” de Campo de Mayo. Se presentó formalmente para integrar la querella de la Secretaría bonaerense, pero no tomará la causa en sus manos sino que, según explicaron sus voceros, realizará acompañamiento a las partes.

Su presencia fue leída como un intento de diferenciarse de su par de Nación, Claudio Avruj, cuya gestión es cuestionada por la falta de apoyo a los juicios. El bonaerense ya había marcado sus diferencias: fue el primer funcionario de Cambiemos en criticar el fallo del 2x1 que Avruj convalidó, y también apoyó la resolución del Grupo de trabajo de ONU en el caso Milagro Sala. Desde el despacho del secretario de María Eugenia Vidal dicen que la decisión está vinculada con su interés con los juicios.

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