Ofensiva contra Andalgalá por prohibir la minería a cielo abierto

Las mineras calificaron de inconstitucional la decisión del municipio de Catamarca.
12 de Septiembre de 2016

Desde el jueves pasado, Andalgalá es el primer municipio de Catamarca que prohíbe las explotaciones mineras a cielo abierto. La ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante local, abarca la zona de la alta cuenca del río Andalgalá y el nevado de Aconquija, a unos 250 kilómetros de la capital provincial San Fernando del Valle de Catamarca. Para las mineras, la medida es “inconstitucional”.

La medida fue votada por unanimidad en horas de la mañana, casi en secreto. La aprobaron incluso ediles considerados “promineros”. La norma nació del impulso de un ciudadano, Leonardo Ramallo, que luego lo tomó como propio el Concejo Deliberante. Prohíbe la actividad minera metalífera de oro, cobre, plomo y plata a cielo abierto, así como de minerales nucleares descubiertos o a descubrirse en la cuenca. También impide el uso de otros elementos, como cianuro y mercurio, minerales nucleares (uranio y torio) y toda sustancia química contaminante y peligrosa, en todas las etapas del proceso, desde el cateo hasta la extracción. Además, prohíbe el uso del agua de río, vertientes superficiales o subterránea para la explotación. También plantea que las empresas serán jurídicamente responsables en caso de daño ambiental. No sólo eso. La iniciativa prohíbe el uso del agua de río, vertientes o subterránea, para la explotación, y plantea que, en caso de daño ambiental, las empresas serán jurídicamente responsables. La pelota ahora pasa del lado del intendente Alejandro Páez, que asumió en 2011 con apoyo del Movimiento Libres del Sur y fuerte discurso antiminero, y en los detalles de su promulgación.

Existen dos antecedentes cercanos a la sanción de esta norma: un fallo de la Suprema Corte de la Nación, en marzo, que ordenó a la Justicia provincial que dicte una nueva sentencia sobre la acción de amparo que se le había rechazado a un grupo antiminero contra la explotación de Agua Rica. La última semana de agosto, entonces, llegó el fallo del juez de Garantías Rodolfo Cecenarro que exigió la paralización de los trabajos en el yacimiento, poco después. Los asambleístas piden que no sólo se suspendan las explotaciones, sino que se cierren definitivamente.

Las mineras están instaladas en la zona desde hace 20 años cuando arribó Bajo La Alumbrera. Desde entonces se han registrado al menos cuatro roturas del caño de 300 kilómetros llamado “mineraloducto”. En 2010 la población recibió la noticia de un nuevo proyecto minero llamado “Agua Rica” a menos de 20 kilómetros de la ciudad y tres veces más grande que la Alumbrera, a cargo de la firma canadiense Yamana Gold que se iba a abastecer del nacimiento de la vertiente del río. La respuesta minera no se hizo esperar y ya salieron a rechazar la votación de los concejales. En un comunicado, Agua Rica  plantea “la preocupación por la reciente sanción” de la normativa, a la que califican como “claramente inconstitucional” porque, según dicen, “va en contra de los principios establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Andalgalá, que en su artículo 143º, sostiene que el municipio promoverá y estimulará las actividades mineras como medio destinado a impulsar el desarrollo económico y social de nuestra jurisdicción en lo que corresponde a las leyes provinciales y nacionales en la materia". Aseguraron que la empresa tomará “todos los recaudos legales en defensa de sus intereses, recurrirá a todos los tribunales que deba” y apuntaron a que la ordenanza “atentará directamente contra el desarrollo de un proyecto productivo que hoy da trabajo directo a casi 100 andalgalenses”, aunque desde la Asamblea El Algarrobo remarcaron que tienen empleo apenas 50 personas y que la situación socioeconómica de la ciudad, donde viven 12 mil habitantes, no es mejor que hace dos décadas.

Mientras tanto, las señales desde arriba también emergieron. El mismo jueves, la gobernación a cargo de Lucía Corpacci (FpV), anunció que avanzará en nuevos proyectos mineros y cuestionó las “graves implicancias” de la ordenanza de Andalgalá. “Estamos dispuestos a pagar el costo político del desarrollo de la minería”, dijo la mandataria provincial. No estaba sola. A su lado se encontraba de visita el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, que afirmó: "No queremos resignarnos a que Argentina no puede hacer minería".

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