Organismos de DD HH, preocupados por la inercia de los tres poderes

Madres, Abuelas, H.I.J.O.S., entre otros, se presentaron ante diputados y enumeraron una serie de retrocesos en las políticas estatales que benefician a los genocidas.
12 de Septiembre de 2016

Los referentes que siguen a diario los avances en los juicios contra los genocidas de la última dictadura cívico militar, encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo, se mostraron “preocupados ante las señales de inercia y falta de impulso que se evidencian en los tres poderes del estado”, según indicaron en un documento. “Es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como una guerra sucia o violencia política”, agregaron. La conferencia fue realizada en el Auditorio de la Cámara de Diputados en el “Encuentro Nacional en defensa de lo conquistado en Memoria, Verdad y Justicia”. Estuvieron presentes, además de Abuelas, las dos líneas de Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., entre otros organismos de derechos

Las organizaciones precisaron que se refieren a “que se ponga en duda la intención del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos”. También se quejaron de que esos mismos funcionarios observen “como asisten a actos oficiales personajes vinculados con el golpismo o su reivindicación sin que esto genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos”.

“Esta semana –continuó el escrito consensuado por todas las organizaciones- se cumplen 10 años de la condena a perpetua para el genocida Miguel Etchecolatz y hay jueces de la nación que han decidido darle la posibilidad de volver a su casa con el único argumento de su edad. Nos preguntamos si a este mismo poder judicial no le importa acaso la edad de cada abuela que sigue buscando a su nieto o nieta; de cada madre que lucha por saber dónde está el cuerpo de su hijo o hija, de cada familiar que querella para tener justicia”.

Los organizadores del Encuentro se quejaron, además, de que se están produciendo retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que se han logrado en el país, conformando un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la impunidad.

En otro orden, señalaron “con preocupación” que la justicia tenga “un ritmo cansino para la realización de los juicios” que tienen a los genocidas como protagonistas. Según los referentes de los Derechos Humanos, esto se debe a la demora para conformar la integración de los tribunales, entre otras excusas.

La responsabilidad empresarial en el último golpe militar fue uno de los temas que más se profundizó. En ese sentido, las organizaciones sostuvieron que “fueron cómplices del brazo armado del terrorismo de estado” y evidenciaron que “el Poder Legislativo tiene pendiente la conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas de la última dictadura militar que debía estar en funcionamiento a partir de marzo”.

Esta deuda fue advertida a la presidencia del Senado, Diputados y a los jefes de los distintos bloques pero sin resultados positivos. “El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado en un informe reciente que lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que esta comisión no se haya puesto en funcionamiento”, detallaron.

Además, identificaron la existencia de una “fuerte embestida contra Alejandra Gils Carbó; la reducción de empleados de distintos programas que pasaron de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y los despidos de varios empleados del Centro de Asistencia a Víctimas”.

Los oradores tuvieron en cuenta que el “Programa Nacional de Protección de Testigos está encabezado por el subteniente del Ejército Franciso Lagos” y que la Agencia de Noticias Infojus, que dependía del Ministerio de Justicia y cubría los juicios de lesa humanidad, fue desmantelada.

De la misma manera, señalaron que se disolvió “la Subgerencia de Promoción de Derechos Humanos del Banco Central creada para investigar delitos económicos durante la dictadura”.

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