Organismos presentan un alarmante informe a la CIDH

Los presentaron ante la llegada del organismo de la OEA al país el lunes próximo. Son las conclusiones del Foro por la Libertad y la Democracia que reúne denuncias por violaciones a los derechos humanos. El reclamo por la libertad de Milagro Sala es uno de los ejes principales.
19 de Mayo de 2017

Organismos de derechos humanos junto a las organizaciones sociales y políticas que integran el Foro por la Libertad y la Democracia, entregaron hoy al relator para Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, un extenso y detallado informe sobre casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el país. Las denuncias tienen como eje principal la detención arbitraria de Milagro Sala y el incumplimiento del gobierno nacional a la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que el jueves terminó su visita de 10 días en el país. El encuentro que se realizó en la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo en el espacio de de Memoria Ex Esma en el marco de la visita del organismo de la OEA que comenzará el lunes. El martes habrá una marcha al Hotel Sheraton de Retiro, donde sesionará la Comisión.

“Fue una reunión muy agradable de gente amiga que nos retrotrae a 1979 cuando vinieron en plena dictadura cívico militar”, dijo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que encabezó el encuentro. “Creo que lo de Jujuy es alarmante porque no le falta nada para estar viviendo un gobierno tiránico”, reflexionó.

El encuentro se extendió por tres horas, en el que se presentó a Eguiguren un informe de 300 páginas que abarca once temáticas vinculadas a derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica y que se construyó con la paticipación de más de un centenar de organizaciones y de la ciudadanía en los foros por la libertad y la democracia que se realizaron el 26 y 27 de abril en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

La denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el incremento de los casos de violencia policial fueron algunos de los ejes principales que plantearon los referentes como de mayor preocupación.

Analía Tolaba, esposa de Alberto Cardozo, el preso político de Jujuy torturado en su calabozo, expuso el caso ante ell representante de la CIDH. “Vinimos a denunciar lo que nos está pasando en Jujuy con los presos políticos. En mi caso particular hable de mi esposo, de las torturas a las que fue sometido, y al temor que tenemos por los presos politicos”, explicó.

“En jujuy nos aferramos a estas visitas de la ONU y la CIDH porque en nuestra provincia todas las puertas están cerradas”, concluýo.

La titular del área de Género de la CTA y miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Estela Díaz, explicó que el informe fue elaborado de modo participativo y remarcó que tanto la CIDH en ese encuentro como el Grupo sobre derención arbitraria de la ONU en los diez días de visita al país, pudieron advertir que existe una sensibilidad social en toda la argentina “para hacer cesar con la detención arbitraria” de la diputada del Parlasur.

El documento

La situación de Milagro Sala es uno de los ejes centrales del informe que recibió la CIDH que el lunes sesionará en el país, aunque no tocarán temas locales. En la presentación ante Eguiguren, se denuncia que el gobernador Gerardo Morales instauró en la provincia un estado policial y que se constituyó en un laboratorio de ensayo que se expandió luego a otros puntos del país, tal como sucedió en Mendoza con la detención de Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru.

En ese marco indicaron que “el modelo represivo y criminalizador de las organizaciones libres del pueblo viene avanzando cotidianamente”.

Pero las denuncias sobre la vulneración de los derechos de la diputada del Parlasur y sus compañeros de militancia, no fue la única. “La creciente violencia institucional debe leerse en correlación con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad se construye desde la pérdida de derechos cotidianos para las mayorías populares”, asegura el documento.

La violencia institucional es uno de los ejes. Los casos presentados incluyen, entre otros, el incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016, el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial, la represión, el protocolo antipiquetes, el fallo de la Corte Suprema que no acata a la CIDH, las detenciones en el Paro Internacional de Mujeres, la represión a docentes, y las detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy.

Otro de los ejes fue el retroceso en Derechos Humanos. “En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, reclamaron. Y plasmaron la desarticulación de áreas en los ministerios y los casos de negacionismo y de reivindicación de la dictadura cívico militar.

En el capítulo sobre la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución se hizo eje en las causas armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, denuncias infundadas e investigaciones direccionadas por los medios; la influencia de los medios sobre magistrados y funcionarios, y la embestida gubernamental contra magistrados y funcionarios no alineados con el gobierno de turno.

El documento también contiene denuncias de pérdida de derechos de los trabajadores, la persecución sindical y la criminalización de la protesta, del ajuste en el sistema de salud y la seguridad social, el asedio a la educación y a la producción de conocimiento, los retrocesos en las políticas de género y diversidad, cultura, medios de comunicación y cerco mediático y en relación a la política internacional y el contexto internacional.

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