Otro procesamiento para Lázaro Báez

Lo confirmó la Cámara Federal porteña, con prisión preventiva para el empresario por lavado de activos.
14 de Julio de 2016

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el segundo procesamiento con prisión preventiva para Lázaro Báez por lavado de activos por 33 millones de dólares. Además, su abogado –Jorge Chueco–, Martín Baez –su hijo–, Julio Mendoza y Claudio Bustos –presidente y apoderado de la empresa insignia del grupo, Austral Construcciones– también quedaron procesados y con prisión preventiva. 

 Todos quedaron acusados por lavado de dinero a raíz de maniobras realizadas para reingresar al país 32,8 millones de dólares a través de la venta de bonos de deuda pública por medio de la firma Helvetic Service Group SA, cuya propiedad se adjudica a Lázaro Báez. Este dinero terminó depositado en cuentas del Banco Nación a nombre de Austral Construcciones mediante cheques endosados por Chueco, que figuraba como apoderado de esa empresa registrada en Suiza. "Entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013 se reingresó al país desde Suiza una suma cercana a los 33 millones de dólares a través de bonos de la deuda pública argentina adquiridos por Helvetic Services Group S.A”, consideraron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, según el fallo firmado hoy. En este marco, acotaron que "el producido de su venta terminó depositado en cuentas de Austral Construcciones S.A". 

Chueco, contador de Báez, figuraba como apoderado de Helvetic y endosó los cheques. "Se acreditó que, con valores provenientes de Suiza, Helvetic compró los bonos 'Bonar X', 'Boden 2015' y 'Bonar VII' por un valor de 32.800.000 dólares", recordó el tribunal en el fallo. En este sentido, afirmó que, más allá de la cifra, "lo que trasluce es que la compra y venta de esos títulos fue un vehículo para transferir fondos desde el exterior ocultando, así, el verdadero origen de esas cantidades y así lograr posteriormente su confusión en la economía local". 

Báez y su hijo Martín ya tienen procesamiento confirmado por la Cámara Federal por los miles de dólares contados en la financiera SGI, conocida como La Rosadita, y el juez Sebastián Casanello ya inició los pasos procesales para enviarlos a juicio por ese delito.

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