Para CFK, toda indagatoria es política

La vicepresidenta electa declaró por primera vez en un juicio en su contra y su presentación en Comodoro Py fue más un ataque al “lawfare” del poder judicial en los años macristas que una defensa jurídica en la causa.

(Foto: AFP)
Por Sol Rodríguez Garnica - @SolRGarnica
2 de Diciembre de 2019

Con el lawfare como bandera y un discurso más parecido al de un acto electoral que al de un trámite en tribunales. Así pasó Cristina Fernández de Kirchner las cuatro horas de su primera indagatoria en Comodoro Py. Todas sus presentaciones habían sido hasta ahora a través de escritos donde también deslizaba conceptos más políticos que jurídicos. 

La exposición de Cristina puede dividirse en tres partes: las críticas a Comodoro Py y al manejo de las causas; la influencia del macrismo en la Justicia federal y algunos (pocos) detalles técnico-jurídicos de la causa Vialidad. Ese tercer condimento, está claro, quedará más para Carlos Beraldi, su abogado en esta causa.

La mejor defensa es un buen ataque

La indagatoria de una persona es el momento en el cual tiene total libertad para defenderse de la acusación que le hicieron en un proceso judicial. Cuando CFK decidió comenzar su presentación con el concepto de “lawfare” sabía que ese mensaje no sólo le iba a llegar a los jueces que estaban frente a ella sino a todos los que circulan Comodoro Py 2002. Para la vicepresidenta electa, las causas que la involucran son “un claro intento de demonizar un proyecto político”. El objetivo es claro: dejar en evidencia que nunca fueron expedientes sostenidos desde lo jurídico sino pura y exclusivamente de lo político.

También quedó evidenciada que la estrategia era marcar un accionar en conjunto de la Justicia federal, aunque sí se detuvo en tres nombres: Martín Irurzun, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. A los dos primeros les dedicó las críticas más duras: el presidente de la Cámara Federal fue el que habilitó (a través de la mal llamada doctrina Irurzun) el festival de prisiones preventivas mientras que Bonadio fue quién le pidió una, dos, tres veces el desafuero y la prisión preventiva.

Mientras todo esto sucedía, en la misma sala de audiencias estaban los representantes de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. De Laura Alonso recordó que modificaron un decreto para que pueda asumir como titular de la OA sin ser abogada. A Mariano Federici le recordó su pasado en el FMI y en el HSBC. El comentario no fue gratuito. Ambos organismos estatales son querellantes en la causa, es decir, pueden preguntar durante el juicio y pedir una condena durante sus alegatos. Ambos fueron arietes estos cuatro años de las estrategias jurídicas de la Casa Rosada, presentándose en todas las causas donde hubiera funcionarios kirchneristas involucrados.

Ahí es cuando aparece el rol de la mesa judicial de Macri, a la que Cristina también le dedicó varios minutos de su indagatoria. El secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; el recientemente nombrado fiscal general Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia Germán Garavano; el jefe de asesores José Torello y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías son los cinco que siempre estuvieron. Desde las sombras, con mayor o menor relevancia según el tema o el momento político, aparecían Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici. Ninguno de estos dos necesitó nunca integrar formalmente esa mesa: el poder que manejaban ambos siempre excedió el rol institucional. De los miembros oficiales solo Mahiques se quedará en un rol clave, el resto volverá a la actividad privada (aunque Clusellas tiene chances de ir a la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires).

Está claro que Comodoro Py es el edificio más político de todo tribunales y que la relación con CFK no es buena desde hace años. La incógnita que circula en sus pasillos desde principios de este año es cuántos de los casos que involucran a la expresidenta se sostienen con pruebas y peritajes, más allá de cualquier duda razonable. A esa cuestión le apuntó Cristina hoy.

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