El doctor Ariel Basso es el secretario del TOC Nº 1 de Campana. En diálogo con Tiempo, desligó de responsabilidades al tribunal y negó que “hayan autorizado el traslado violando las normas viales”.

-Lo que pasó fue una barbaridad pero nosotros no autorizamos ese traslado. La responsabilidad es del SPB. De ningún modo autorizaríamos por teléfono que viajen los detenidos. De haber sabido que eran tantos, hubiésemos intervenido.

-¿Pero no vieron que eran muchos para una sola camioneta?

-No vimos el móvil. No estaban ellas solas ese día en el edificio.

-¿Ustedes no debían velar por la seguridad de las detenidas?

-No. Es el SPB el responsable. Nosotros solo ordenamos el traslado, ellos el modo.

-¿Los derechos de los detenidos son mera responsabilidad del SPB?

-No, es nuestra responsabilidad.

-¿Entonces?

-A partir de ese hecho pedimos que Monitoreo no traslade más a ningún detenido bajo nuestra supervisión. Lo hace el Complejo de Campana. Además tenemos todos los papeles en regla sobre ese traslado.

-Judicialmente están cubiertos por los documentos, ¿pero no se sienten moralmente responsables de haber autorizado el viaje?

-No. Nosotros no autorizamos el viaje de ese modo.

-¿Está seguro que nadie del tribunal lo hizo?

-Sí. Yo ese día no estaba. Pero acá no trabajamos así.

Investigación e informalidad

El doctor Matías Ferreiros se hizo cargo del expediente que investiga la muerte de Justa, de Vanesa y de la pequeña Malena. Reemplazó a Camilo Quiroga, recientemente jubilado. Aún no pudo avanzar en la investigación del accidente aunque recordó: “Lo que sé de este caso, lo sé porque trabajaba en Escobar cuando murió la beba. Y tomé intervención porque en el hospital entregaron el cuerpo de la nena a otra familia y la enterraron. Tuvieron que exhumar el cuerpo y reparar la equivocación”.

Además, otra fuente judicial aseguró: “Los tribunales se manejan de modo informal porque el SPB está colapsado. Sin lugar a dudas, que pudo haber ocurrido lo que dice la sobreviviente. Pero el TOC va a tener todos los papeles en regla. Habría que hacer pericias de los teléfonos de los penitenciarios y de los empleados del tribunal, a ver qué conversaciones mantuvieron ese día”.

También podés leer:

> La historia de las secuestradoras sentenciadas a morir