Para reducir daños, Bullrich tutela la investigación interna de Gendarmería

El ministerio de Seguridad podrá intervenir en los sumarios de efectivos de las fuerzas federales.
9 de Octubre de 2017

Mientras se multiplican los indicios y pruebas sobre la presunta participación de efectivos de Gendarmería Nacional en la investigación por desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, el ministerio de Seguridad redobló su plan de reducción de daños para deslindar responsabilidades penales y políticas en el caso, que desde hace dos semanas está en manos del juez federal Gustavo Lleral. Esta semana, luego de sesenta días, la cartera que conduce Patricia Bullrich finalmente le remitió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) todos los sumarios internos que instruyó el ministerio sobre los uniformados. La llamativa demora, según pudo saber este diario, estuvo acompañada por un recaudo interno que firmó Bullrich el 26 de septiembre (cuando el magistrado Guido Otranto fue subrogado) para intervenir en los sumarios internos que se realicen dentro de las fuerzas de seguridad que dependen de ese ministerio, pero especialmente Gendarmería.

Según la resolución 984-E/2017, la cartera de Seguridad “podrá tomar intervención en la tramitación de los sumarios internos en los casos de violencia institucional o violencia de género -ya sea contra personas pertenecientes o ajenas a las Fuerzas Policiales o de Seguridad-, así como en los que se substanciaren por graves actos de corrupción, presunta participación o encubrimiento de miembros de las Fuerzas en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes, trata de personas, secuestros, terrorismo” entre otros delitos. Sin embargo, aclara que “cuando (…) el caso revistiere gravedad institucional, la máxima autoridad ministerial podrá disponer la conformación de un comité de investigación, el que estará compuesto por dos o más directores de las áreas competentes del ministerio o por las personas que ellos designen”.

Fuentes judiciales, que analizan la resolución, explicaron que se trata de una decisión administrativa que busca revertir errores cometidos, especialmente en el Caso Maldonado, a la hora de investigar a los internos. “Es difícil creer que Bullrich no estuviera al tanto de los sumarios internos realizados dentro de las fuerzas. Lleva dos años como titular de la cartera, si no supiera sobre estos sumarios, habría firmado esta resolución mucho antes”, analizó el funcionario consultado. Una fuente del Ejecutivo que pidió reserva de su identidad, argumentó en diálogo con este diario: "Antes el Ministerio podía hacer una investigación independiente y no regular el sumario interno de la fuerza. Ahora el ministerio podrá participar mientras se lleva adelante la investigación interna y también hacer la propia. Ante un caso la fuerza hacía su investigación y el Ministerio la suya, pero ahora también podremos intervenir en el expediente de la fuerza. Antes sólo recibíamos informes sin poder participar”, aclaró el funcionario consultado, luego de reconocer las falencias internas en los sumarios. “Uno ve las actas, y son las actas argentinas, no hay videos, están escritas a mano, sin documentación. Cuando vos ves las actas de cualquier fuerza, ves que los efectivos están escribiendo papeles en medio de episodios de violencia. Por eso tomamos estas acciones, porque cuando ocurre algo como el caso Maldonado, y ves cómo y lo que escriben es razonable que las miradas se pongan en los puntos y las comas. Ahora tenemos que reacionar, porque la Justicia puede meter preso a un gendarme, pero lo que esta claro es que es muy difícil que haya pasado un cuerpo delante de todos, es decir que no hay una responsabilidad institucional, sino individual”, se defendió el funcionario, ante los interrogantes que desató la resolución que firmó la ministra.

La cuestionada resolución del 26 de septiembre recién se conoció esta semana, un día antes que la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, conducida por Amérigo Incalcaterra, le reclamara al Gobierno la necesidad de esclarecer la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición del joven de 27 años, que fue visto por última vez el 1º de agosto. Un vocero de la jefatura de Gabinete negó que la decisión tuviera que ver con el pronunciamiento del ACNUDH. “No creemos ni dejamos de creer en nada y damos la mayor cantidad de herramientas a la justicia. Si hay algún responsable los jefes de Gendarmería lo entregan con moñito”, espetó la fuente consultada.

Sin embargo, hay funcionarios de la cartera de Seguridad seriamente comprometidos en los sumarios que ahora buscan ser corregidos y tutelados por Bullrich, como Daniel Barberis, a cargo del área de Violencia Institucional, sospechado de influir en las investigaciones internas para deslindar la responsabilidad de Gendarmería. Todo bajo la dirección del jefe de asesores de la Ministra, Pablo Noceti, acusado por encubrimiento junto a Bullrich y al jefe de Gabinete Marcos Peña, en una investigación penal a cargo del fiscal Federico Delgado, que el próximo martes tendrá una audiencia en la Cámara de Apelaciones para resolver si el caso debe quedar en Comodoro Py o ser remitido a Esquel. Los planes de reducción de daños del Gobierno ya están en marcha, pero en la Justicia dudan de su eficacia para evitar consecuencias peores. «

Esta nota fue posible gracias al apoyo de nuestros lectores.

Su aporte nos permite hacer periodismo sin condicionamientos. El sueño de un medio libre no es solo nuestro.

SEAMOS SOCIOS