Parrilli recusó a Lijo pero el juez lo procesó

El ex titular de la AFI sostiene que el juez federal tiene una intención clara en la causa por la búsqueda de Pérez Corradi.
6 de Febrero de 2017

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, fue procesado este lunes por el juez federal Ariel Lijo en la causa en la que se lo acusa de encubrir al detenido empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi mientras estuvo prófugo de la justicia.

Parrilli, según Ariel Lijo, no busco Pérez Corradi. Pero al filtrarse audios en los que dialoga con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Parrilli decidió presentar el viernes último una presentanción, bajo la causal de "enemistad manifiesta por la filtración de las escuchas ordenadas en la causa CFP 481/2016, juzgado federal 4".

El magistrado consideró que Parrilli obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi cuando estaba prófugo, por lo que colaboró para que el permaneciera lejos del alcance de quienes lo estaban buscando. La causa se inició a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que la AFI sabía donde estaba el supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez pero decidió no contribuir para su captura.

El juez Lijo sostuvo que desde el 13 noviembre de 2015 la AFI contó con dos informes que daban información precisa sobre Pérez Corradi pero que por decisión de Parrilli no fueron remitidos a las dos fiscalias que intervenían en causas en las que estaba implicado. "La prueba reunida demostró que la conducta de Parrilli tuvo la finalidad de que no se lograra ubicar a Pérez Corradi y, en consecuencia, entorpeció ambas investigaciones criminales y ayudó al prófugo a continuar eludiendo el accionar de la justicia", sostuvo Lijo en su fallo de 57 páginas.

Escuchas filtradas

Además, Parrili reclamó a la Corte Suprema, que tiene a su cargo las escuchas telefónicas ordenadas por jueces en el marco de causas judiciales, que investigue cómo se filtraron los audios. El ex titular de la AFI le pidió al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que “se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas que son de público conocimiento y que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan”.

Se trata de la grabación en la que la ex jefa de Estado lo llama alarmada por declaraciones del ex espía Antonio Stiuso y le profiere la frase: “Soy yo, Cristina, pelotudo”.

Para Parrilli la repercusión de las declaraciones públicas de Lijo “se desprende que el magistrado ha perdido la imparcialidad de criterio y ha vertido una serie de manifestaciones que muestran un cuadro de sospecha de parcialidad ya que llega a sugerir que el propio Parrilli carecería de autoridad para cuestionar lo que estima como persecución política, merced a ‘no haber cuestionado la legalidad de las escuchas’, cosa que no es cierta”.

“En la misma causa se han realizado objeciones jurídico constitucionales contundentes a la decisión adoptada por el juez y ello sin sospechar que luego se difundirían fragmentos de las escuchas por medios masivos de comunicación, y menos aún que un fiscal de la Nación, Guillermo Marijuan, las utilizaría para sustentar una denuncia criminal”.

Quien fuera el secretario general de presidencia sostuvo que “no compete al tribunal cuestionar, o hacer valoraciones extramuros del expediente, acerca de las estrategias jurídicas que diagrame la defensa”.

En ese contexto, Parrilli se preguntó: “Si el Dr.Marijuan, fiscal de la causa desde el comienzo de la investigación, tenía disponible el fragmento que denuncia como constitutivo de delito desde mitad del año 2016, ¿cómo es posible que descubra siete meses después que hay delito en ese fragmento?”. Los funcionarios públicos tiene la obligación de denunciar situaciones de presunto delito inmediatamente que toman conocimiento de ellas.

Parrilli recordó que la Corte es “responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y en este caso está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas”.

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