Patricia Bullrich será investigada por la persecución a comunidades mapuches

El fiscal federal Franco Picardi abrió una investigación penal para saber si ella y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad actuaron fuera del marco legal, propiciando resoluciones violentas de los conflictos territoriales, que derivaron en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

(Foto: Twitter)
1 de noviembre de 2019

La estigmatización y persecución del pueblo mapuche desatadas por la gestión Cambiemos, que culminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, tienen desde hoy un nuevo correlato jurídico. El fiscal federal Franco Picardi acaba de abrir una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios de su cartera actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar a las comunidades mapuches, en el contexto del conflicto que mantienen con propietarios formales de tierras en la Patagonia.

Picardi busca determinar si existió un plan deliberado de las autoridades del Ministerio para incidir en ese conflicto, utilizando las atribuciones de las fuerzas federales fuera del marco legal, sin órdenes judiciales.

La causa se origina en una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que señaló la existencia de un plan organizado para, aprovechando el aparato coercitivo estatal, “coaccionar ilegalmente a las comunidades mapuches a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras, y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios” en la región.

Desde la APDH se explicó cómo los funcionarios del Ministerio que conduce Bullrich se utilizó ilegalmente la figura de flagrancia, propiciando resoluciones violentas de los conflictos territoriales. Así se produjeron las muertes de Santiago y Rafael, a las que siguió el intento de influir en las investigaciones en curso, para relevar de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad y a sus jefes políticos.

La presentación del fiscal ante la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado federal N°5 (la reemplazante de Norberto Oyarbide), puntualiza que esta planificación ilícita habría tenido la intención de disciplinar al resto de la sociedad, desplegando tareas de inteligencia ilegal –algunas en coordinación con Carabineros chilenos- en pos de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas. El punto culminante de esa tarea fue la construcción mediática de un supuesto grupo terrorista, el RAM (por Resistencia Ancestral Mapuche), un falso enemigo interno sobredimensionado con el propósito de justificar la represión de comunidades de pueblos originarios y recortar sus derechos constitucionales.

Picardi, por fin, quiere saber si Bullrich y sus subordinados usaron recursos del Estado para manipular investigaciones penales o encubrir sus responsabilidades, instalando versiones falsas de los hechos. Y pide relacionar este expediente con otro en el que se investiga el espionaje a la familia Maldonado.

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