Cuidar el bolsillo de los argentinos viene siendo un objetivo del gobierno nacional desde que asumió en la presidencia Alberto Fernández, cuyas medidas han tenido que profundizarse en el marco de la pandemia por el COVID 19 ante distintas prácticas de aumentos abusivos de precios de algunos comercios en el país.

Para brindar información sobre los mecanismos de control de precios en las distintas jurisdicciones, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Lena, invitó a la titular de la Secretaría de Comercio interior, Paula Español.

Conectada por videoconferencia con 30 diputados, Español remarcó que “la situación es compleja y tenemos la tarea importante que tiene que ver con el cuidado de los bolsillos de los hogares, que es constante para que se mejoren las condiciones de aquellos que tienen que hacer sus compras con los ingresos que tienen”.

Como primera medida, en el marco de la cuarentena, la funcionaria explicó que se avanzó en ponerle un tope a los aumentos de precios del alcohol en gel: “En marzo tuvimos una primera resolución que congelaba el precio al 15 de febrero que incluía a toda la cadena de valor que pueda haber a la hora del precio final que el consumidor paga en un negocio». La funcionaria recordó que se terminó firmando una nueva medida en la que el gobierno nacional retrotrajo al 6 de marzo último los precios de los termómetros y barbijos, y todos los productos para el aseo de manos que contengan alcohol como su insumo más importante.

“La lógica fundamental de esto es evitar comportamientos especulativos y eso tiene que ver con la idea de detener el incremento de precios”, señaló al tiempo que comentó que “se abrió en la página de Precios Máximos una sección de reclamos por precios abusivos en donde tuvimos más de 2500 denuncias, más las que sumamos a través de las redes sociales y la colaboración que hacen las provincias al pasarnos los reclamos que reciben”.

En cuanto a la modalidad de control de precios, la titular de la oficina de Comercio Interior nacional, señaló que “se viene haciendo un trabajo en coordinación con las áreas de Defensa al Consumidor y de Comercio de las provincias desde un inicio. Se está trabajando desde el gobierno nacional con todos los gobiernos territoriales en operativos muy fuertes de fiscalización”.

En ese sentido, informó que “se han hecho más de 3500 fiscalizaciones en todos los niveles de los comercios. El objetivo de esta política es que los precios sean los que tengan que ser, por supuesto que se hacen clausuras preventivas para que los comerciantes los respeten”.

Por último, destacó la renovación del programa Ahora 12 por tres meses más -teniendo en cuenta que vencía el 31 de marzo- ya que “es una herramienta muy útil que ha demostrado su éxito y que trasciende a los gobiernos”.

“En el contexto actual fue otro instrumento para poder paliar la compleja situación que se vive en este momento entonces se incluyeron alimentos y medicamentos con posibilidad de ser financiados a 3 y 6 meses, sin interés, que tiene que ver con lo difícil de generar ingresos en este contexto que nos obliga a financiar a largo plazo”, indicó al tiempo que añadió que se incluyó “equipamiento médico, máquinas y herramientas al financiamiento en 12 y 18 meses”.

“Garantizar el abastecimiento y precios nos hace estar diálogo permanente con las empresas y los representantes de las cámaras de supermercados, de los productores de alimentos y de los de higiene y limpieza”, finalizó.