El informe sobre pauta publicitaria nacional confeccionando por el diputado Remo Carlotto en base a datos proporcionados por la Jefatura de Gabinete de ministros, que conduce Marcos Peña, es revelador en varios sentidos. Primero, por los números: en lo que lleva de mandato, el gobierno de Mauricio Macri multiplicó exponencialmente su inversión mensual en propaganda. Los tímidos 50 millones en diciembre de 2015 treparon a 224 millones en julio de 2016. Cinco veces más. La cifra, es cierto, es inferior a la que solía manejar el kirchnerismo, pero aun así el presupuesto destinado a este rubro sigue siendo jugoso en el árido escenario del ajuste general.
Entre los beneficiarios, como suele ocurrir desde siempre, no hay equidad. El Grupo Clarín absorbe el 17,9 por ciento de la pauta, mientras que el segundo -el Grupo Índalo, de Cristóbal López- obtiene menos de la mitad: 8,3. La curiosidad, sin embargo, es el cuarto lugar que ocupa La Nación: siendo sólo un diario absorbió el 5,3 % del total de la pauta oficial, por encima de canales de aire como Telefé (4,53 %) o América (4,33). El caso da por tierra con la promesa PRO -discutible, por cierto- de distribuir la pauta según niveles de audiencia: como se sabe, hay un abismo de público entre la tele y la gráfica.
Es probable que, en este punto, la prensa afín al macrismo -hoy beneficiada- se vea tentada de justificar la discrecionalidad actual con los abusos de la era K. Sería una pena verlos chapotear en ese bochorno después de pasar años despotricando por aquellos excesos.
Tiempo Argentino, como se sabe, fue fundado por un grupo de medios beneficiario de la pauta K. Como lo exhibieron distintos informes públicos, los empresarios Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y sus socios ocultos se repartieron millones de pesos provistos por el Estado.
Desde hace cuatro meses, luego del vaciamiento y la fuga patronal -que se mantiene impune-, Tiempo es el mayor periódico autogestivo del país, agota todas sus ediciones y recuperó espacio en la agenda informativa argentina. En lo que lleva de vida cooperativa, sin embargo, apenas recibió un solo aviso del Gobierno nacional. No es una queja, sino un ejemplo crudo y verificable de que el Gobierno mantiene vigente la lógica de premios y castigos con la que los gobiernos distribuyen la pauta desde hace décadas.
Hoy se abre una oportunidad para modificar las cosas. Este miércoles, a las 9:30, tres especialistas iniciaron en el Senado un postergadísimo debate sobre proyectos de leyes que buscan regular la distribución de pauta, fijando criterios que contemplen la necesidad oficial de promocionar los actos de gobierno, pero sin descuidar el impacto crucial que tiene el Estado como avisador.
En tiempos de oligopolios mediáticos, periodismo mercenario y voracidad empresaria, el rol del Estado como avisador es clave para garantizar la libertad de expresión. Hasta ahora, el gobierno de Cambiemos no cambió nada. En el Senado tendrá la chance de demostrar si de verdad está a la altura de su nombre. O no.
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