Pedido de informe a Macri y Vidal tras golpizas a mujeres en una cárcel de Ezeiza

La Cámara de Diputados bonaerense se expresó ante las golpizas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal a mujeres privadas de su libertad, el 13 y 14 de marzo pasado. Fue a partir de la difusión de denuncias de familiares en las redes sociales.

La madrugada del lunes 13 de marzo agentes del Servicio Penitenciario Federal golpearon, mojaron con “manguerazos” y encerraron en “buzones” a mujeres privadas de su libertad que primero se compartieron comida de una celda a otra y que luego reclamaron por este derecho en el pabellón 22 de una de las cárceles federales de Ezeiza, sur del conurbano bonaerense. Al día siguiente, la escena de castigo físico y psicológico se repitió pero en el pabellón 13 y en represalia a la difusión de los malos tratos en las redes sociales.

Tras los hechos, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, mediante la declaración 625/17-18, elevó la solicitud a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, para que interceda ante el Ejecutivo Nacional, a cargo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), informe sobre “posibles hechos de represión contra internas de los pabellones 13 y 22 del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza”, vulneraciones de derechos que fueron denunciadas por familiares.

La iniciativa lleva la firma de Manuel Mosca, presidente de la Cámara. Exige que, por escrito y a la brevedad, se indique los motivos por los cuales el SPF tomó dichas medidas e informe en el marco de qué protocolo se actuó; si recibió otras denuncias de “excesos por parte del personal del Servicio Penitenciario”; y en caso de que los ejecutivos nacional y provincial hayan tomado conocimiento, informen sobre las medidas de sanción adoptadas sobre el personal mencionado. Además exige que se informe si la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) tomó intervención y se “remita todo lo actuado hasta el momento”.

Para Karina Nazabal, diputada provincial (FpV) y una de las impulsoras junto a otros 11 legisladores del pedido de informe, “es importante marcar una posición frente a este hecho que viola diferentes tratados firmados por nuestro país sobre el tratamiento para con las personas privadas de la libertad” y agregó, “es obligación del Estado garantizar los Derechos Humanos, independientemente de que sea en el nivel nacional, provincial o municipal”.

Por su parte, Alfredo Cuellar, integrante del Frente Sin Reversa, afirmó que se logró visibilizar una conducta sistemática del SPF y exigió, “esto tiene que ser sancionado”. Denunció que hay una “represión paulatina” en la unidad: “después de que se difundió y llegaron las organizaciones sociales a ´las pibas´ las sacaron de ´los tubos´, pero luego las volvieron a meter”. Y agregó, “hay mujeres a las que, luego de la denuncia, no se les permiten las visitas; el fin es “terminar con el conocimiento de sus derechos”.

Aquel 13 de marzo Alfredo fue quien comenzó a correr la voz en redes sociales. Es referente de la lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad, y padre de Florencia, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la misma unidad penitenciaria. Ella habitaba precisamente el pabellón 22 y fue la última de una serie de 9 mujeres muertas trágicamente entre 2009 y 2012 bajo la custodia del SPF.

Manguerazos o palazos, requisas colectivas, presencia de personal masculino, traslados por distintas unidades carcelarias en forma arbitraria sin control judicial, privación de ver a familiares, hijas/os y/o amigas/os, de realizar llamadas telefónicas, etc. forman parte de la batería de invasiones disciplinarias sobre el cuerpo y territorio de las mujeres y las personas LGBTT privadas de su libertad, violencias que en algunos casos se lleva sus vidas.

Los asesinatos, las torturas y los malos tratos intramuros son una práctica sistemática y constituyen violaciones a los Derechos Humanos. La represión sobre los cuerpos de las mujeres privadas de su libertad en una de las cárceles federales de Ezeiza sucedió a días de la cacería y detención de 20 personas en inmediaciones de la Plaza de Mayo por parte de la Policía Metropolitana tras la movilización del 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres.

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