A partir de la investigación del equipo periodistico del programa Economía Política, conducido por Roberto Navarro, que reveló documentos secretos según los cuales el gobierno encabezado por Mauricio Macri estaría avanzando en la multimillonaria compra de armamento de guerra, un grupo de legisladores reclama que la canciller Susana Malcorra y el ministro de defensa Julio César Martínez sean interpelados. Es que según se supo la mencionada compra se estaría realizando a partir de gestiones realizadas en secreto y sin pasar por la correspondiente aprobación del Congreso de la Nación.

Dicha solicitud de interpelación es una iniciativa de emergencia surgida del bloque de Diputados del FPV-PJ para que el gobierno ratifique o rectifique a través de sus ministros el proyecto de compra de armamento a los Estados Unidos. Según trascendió el gobierno destinaría dicho material supuestamente para «combatir el terrorismo». El extenso pedido realizado incluye más de 50 helicópteros de combate, más de 182 tanques de guerra, 80 lanzamisiles, 24 anfibios blindados, 12 aviones cazabombarderos y otros 24 aviones de entrenamiento, entre otros artículos.

Según se supo el pedido fue tramitado a través del actual embajador argentino en los Estados Unidos, el economista Martín Lousteau, a través de una nota remitida al legislador demócrata por el estado de Indiana Peter Visclosky, en la que se adjunta el extenso listado de armamento militar. Dicho procedimiento se explica porque Visclosky es integrante de la comisión encargada de analizar los pedidos realizados de compra de armamento militar  realizados por otros países.

En la misma carta Lousteau hace referencia a una reunión que Visclosky mantuvo con los diputados nacionales de Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, quienes viajaron a los Estados Unidos invitados a unas jornadas organizadas por el FMI. Amadeo y Laspina presiden las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja del Congreso, que jugaron un papel fundamental en el acuerdo firmado con los llamados fondos buitres.

Ante la sugestiva declaración del embajador Lousteau de utilizar el armamento solicitado con el fin de «combatir el terrorismo», desde el bloque kirchnerista afirmaron que la interpelación sería un marco inmejorable para solicitarle al ministro Martínez que explique con claridad cuál es exactamente el terrorismo que el gobierno nacional se propone combatir. Desde un comunicado expresaron además una profunda preocupación por el avance del actual gobierno en «su política de criminalizar la protesta social» y el temor de que la próxima «sea la represión». El mismo comunicado menciona como base para dicha preocupación «las declaraciones que realizó la ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, quien anunció que el gobierno desalojará por la fuerza los cortes de calles y rutas y pidió a la sociedad que luego no se lamente de las consecuencias que puedan ocurrir, como heridos o muertos».

El mismo comunicado afirma que mientras planea invertir nada menos que dos mil millones de dólares «a espaldas del pueblo», el gobierno continúa con sus políticas de ajuste, con los tarifazos y persiguiendo a dirigentes de la oposición, mientras se sigue negando «a convocar a la paritaria nacional docente con el objetivo de ponerle un techo a los aumentos salariales al resto de los trabajadores». Por último se reclama que «si realmente existe una hipótesis de conflicto con algún país vecino que justifique semejante compra de arsenal de militar por más de 2.000 millones de dólares hasta 2019», tanto la oposición y la sociedad en su conjunto «tienen el derecho de saberlo».