Cuando el 26 de enero fueron a votar en comicios legislativos extraordinarios, adelantados con la intención de zanjar la crisis de gobernabilidad que padecía Martín Vizcarra desde que, en marzo de 2018, ocupó el lugar del destituido Pedro Pablo Kuczynski, los peruanos sabían que pisaban terreno minado. Lo que no imaginaban es que, producto del hartazgo de las grandes mayorías, del desinterés de otros y del reacomodamiento del establishment, iban a seguir soportando un Congreso que es más de lo mismo pero con diferente collar. Así, se enseñoreó el fascismo más brutal, o más torpe y por ello más peligroso, una ultraderecha con otra máscara pero tan neoliberal como la que vino a suplantar.
Como está a la vista en la mayoría de los países sudamericanos, son la inseguridad –real o imaginaria, percibida o inducida–, los titulares de los diarios, los graznidos de las radios y los zócalos de la televisión. A Perú, los poderes fácticos le regalaron un futuro en el que las mayorías parlamentarias estarán en manos de un general genocida, un coronel mesiánico y una secta (“pare de sufrir”) que en medio de un menjunje ideológico se autodefine como teocrática –impulsora del “gobierno de dios”–, nacionalista, revolucionaria, agrario-ecologista e integracionista. De todos modos, la cosa es para tomársela bien en serio. A todos los une el ideario de la pena de muerte.
A pesar de las evidencias, los analistas insisten sobre la caída del fujimorismo, el partido creado por el encarcelado ex dictador Alberto Fujimori y dirigido ahora por Keiko, nuevamente presa, cómo su papá y también por corrupta, desde el martes siguiente a las elecciones. Y sobre la desaparición del Partido Aprista Peruano, la vieja Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fundada en 1924 por Raúl Haya de la Torre, uno de los próceres de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918), y como consecuencia directa de ese movimiento estudiantil. Y es cierto: el fujimorismo cayó de una representación de 73 legisladores a una de sólo 12 en un Congreso de 130, y el aprismo con un 2,6% de los votos quedó afuera.
Sin dejar de lado semejantes datos, habría que reparar primero en los números que sirven para contextualizar la catástrofe sufrida por la política tradicional peruana. Días antes de la elección las encuestas daban un formidable índice de votos anulados del 40 por ciento. Como es norma, los fabricantes de opinión le erraron feo, aunque de todos modos fue el 15,9% el que decidió anular el sufragio, casi seis puntos más que Acción Popular, el partido mejor votado. Con un 76,5%, la del domingo fue la menor tasa de participación de los últimos tres comicios. Y los votos en blanco cayeron del 11,5% al 2,05%, pero simplemente porque los votantes optaron por no tomarse el trabajo (así lo consideraron) de acercarse a las urnas.
Esos números dicen algo y significan mucho. De allí es que nacen los tres monstruos que parió el domingo, que suman 43 votos que rechazarán al unísono todas las propuestas que puedan entrar al Congreso y que se refieran a programas sociales o políticas de género. Para ellas se necesitaría de unas mayorías especiales de dos tercios o cuatro quintos de los 130 legisladores, un imposible con aquel lastre.
¿Quiénes son los factores que consolidaron a Perú a la cabeza del neoliberalismo retardatario sudamericano?
El general es Daniel Urresti, uno de los jefes de la sangrienta represión de los años ochenta del siglo pasado en el combate a Sendero Luminoso y la gente de la cordillerana Ayacucho. Desde su despacho de Los Cabitos, un cuartel situado en una altura desde la que se domina la ciudad, aplicó el terrorismo de Estado a rajatabla. Ordenaba crímenes como cosa de rutina, aunque está procesado sólo por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Con un discurso fascista de mano dura –“Militares a patrullar las calles”, decía la cartelería de la campaña– logró 10 bancas. Al igual que la argentina Patricia Bullrich, como ministro del Interior y encargado de la seguridad del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se forjó una imagen de pureza y efectividad con operativos represivos con más espectacularidad y difusión mediática que efectividad.
El coronel es Antauro Humala, hermano del ex presidente. Obtuvo el mayor respaldo en el sur andino, empobrecido, donde absorbió los votos que supo tener la tímida izquierda, con un discurso fascista, confuso y contradictorio. Ataca las políticas neoliberales, se autodefine de izquierda pero es de ultraderecha. Xenófobo y homofóbico, propone que quede vedado constitucionalmente emplear a extranjeros y ha pedido el fusilamiento de los homosexuales. Se proclama el abanderado del etnocacerismo (o etnonacionalismo peruano) una doctrina caracterizada por el nacionalismo étnico que evoca el poderío y la identidad del Imperio Inca y del nacionalismo militar. Toma su nombre del general Andrés Avelino Cáceres, quién encabezó la resistencia durante la Guerra del Pacífico contra Chile.
La secta es la nada escueta Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, para los amigos Los israelitas, hombres y mujeres de sandalias y túnicas hasta el piso, los primeros de larga barba, cuan émulos de Jesús, y ellas de pelo cubierto. Con esta gente, que participó en la elección bajo el ala protectora del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) y logró 16 bancas, el segundo bloque, es complicado debatir, sobre todo ante ciertos temas. Por ejemplo, cuando aseguran decididamente que los homosexuales tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre, pero “van a tener la oportunidad de conocer el Decálogo Universal para entrar a como sea en la moral (y porque) el Señor Dios de Israel creó hombre y mujer, promoveremos en las escuelas una educación con moral”.
En estos tiempos de defensa del ambiente se definen estatutariamente como un movimiento agrario–ecologista, pero el Ministerio de Ambiente los denunció por esa mentirilla. En el estratégico departamento de Loreto, fronterizo con Ecuador, Colombia y Brasil, la explotación maderera furtiva practicada por la secta llevó a la deforestación masiva y el uso de esas tierras para la plantación de maíz. En Madre de Dios, cerca de la frontera con Bolivia y Brasil, el 96% de la economía departamental está en manos de Los Israelitas, que llevan mercaderías de contrabando a los países vecinos y tejiendo una buena relación con los mineros ilegales, a quienes abastecen de alimentos. «
«Elecciones manoseadas por el crimen organizado y la antidemocracia neoliberal»Al igual que la «parapolítica» en Colombia, en Perú es la corrupción la que financia a los partidos (algunos no). Mientras en el primero son los paramilitares y los cárteles de la droga los que pagan hasta el café con leche de los candidatos, en el segundo, vengan de donde vengan los dólares son siempre bienvenidos. Y las balas que matan dirigentes sociales siempre tienen los mismos dueños. «Elecciones manoseadas por el crimen organizado y la antidemocracia neoliberal», tituló el sociólogo Jorge Lora Cam una nota sobre los comicios en su país, editada el 28 de enero por la Agencia Latinoamericana de Informaciones.
En la misma agencia, uno de sus pares se lamentó por la «despolitización de la juventud» antes de justificarla con estos datos, enriquecidos mayoritariamente por el fujimorismo y el Partido Aprista Peruano: de 2325 candidatos a nivel nacional, 1368 han sido procesados, 218 tienen condena vigente y 359 fueron directamente excluidos de la contienda.
Pocos países pueden exhibir este récord, al menos judicialmente reconocido: el presidente en ejercicio, Martín Vizcarra, tiene decenas de procesos y su ex primer ministro César Villanueva está con prisión preventiva. El historial de los últimos cinco presidentes dice: Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel, Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido tras probársele la recepción de verdaderas fortunas dadas como coima por la empresa brasileña Odebrecht, Alejandro Toledo está prófugo y protegido por el gobierno de Estados Unidos, y Pedro Pablo Kuczinski y Ollanta Humala están camino a la prisión.
