Pese al reclamo de los intendentes del PJ, Vidal se resiste a ceder la policía local

En el gobierno bonaerense consideran que el proyecto de ley de los jefes comunales constituye una demostración de fuerza.
16 de Julio de 2016
Los jefes comunales del peronismo en todas sus variantes y corrientes internas, incluidos algunos que eligieron jugar desde el Frente Renovador, comenzaron a aglutinarse en torno a preocupaciones comunes que afectan a sus distritos como los tarifazos, el control de las policías locales y la falta de  recursos. El gobierno provincial encabezado por María Eugenia Vidal tomó nota con diplomacia del proyecto de ley impulsado por los jefes comunales para el traspaso de las fuerzas de seguridad locales hacia los municipios, en un contexto donde continúan  las denuncias en contra del jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi. 
"Creo en las policías locales, creo en ese camino", afirmó Vidal, y recordó que su gestión constituyó un fondo de seguridad de 3 mil millones de pesos para reforzar esas fuerzas. "Cada intendente decide, de esos fondos, cómo se destinan a la seguridad de su distrito para invertir en cámaras, equipamiento o centros de monitoreo", apuntó.
Más allá de la posición de "acercar soluciones" a la gobernadora Vidal, los incidentes ocurridos en Ituzaingó semanas atrás, a raíz de rumores de intentos de secuestro, generaron alerta en los intendentes. Esta preocupación se canalizó en la presentación de la iniciativa que se trabajó en conjunto desde tiempo atrás, y que encabeza el jefe comunal de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, acompañado por pares del denominado Pacto de San Antonio de Padua, kirchneristas, massistas, legisladores del FPV, del FR y los referenciados en el Movimiento Evita.  "A través de esto que ocurrió en Ituzaingó, nos dimos cuenta de que no tenemos una ley marco que vea cuál es la injerencia de los jefes comunales que están trabajando por la seguridad, pensada como una cuestión de Estado, que no tiene color político y es una necesidad de todos”, marcó a Tiempo el intendente de ese distrito Alberto Descalzo. "Con esta ley queremos colaborar con el gobierno de la Provincia y con una política de Estado por encima de las diferencias. Que pueda salir pronto para mayor seguridad de todos", pidió.
El día que se presentó la propuesta, Vidal se mostró receptiva: "Vamos a escuchar propuestas y a trabajar en conjunto, como hasta ahora", dijo, pero no mucho más. En la Legislatura, desde el oficialismo repiten –en la misma línea que la gobernadora– que están dispuestos a "escuchar y analizar la propuesta" pero minimizan las chances del proyecto: creen que todo se trató de una demostración de fuerza. Si la foto de la presentación se tradujera en votos, el massismo y el peronismo contarían con 56 manos alzadas, más que suficientes para darle media sanción al proyecto en la Cámara Baja. Pero desde el PRO aseguran que ni los jefes de bloque del FR ni los referentes peronistas que participaron de la presentación del proyecto –como Juan José Mussi por el bloque camporista, Fernando Chino Navarro por el Evita y Walter Abarca por el bloque PJ-FPV–  garantizan que haya después un apoyo masivo a la ley. 
Los fondos coparticipables constituyen otro de los ejes para futuras negociaciones con la administración provincial. "El mundo marcha hacia la descentralización de responsabilidades y recursos hacia los municipios por ser estructuras más eficientes. No por ser mejores que las de Nación y Provincia, sino porque son más pequeñas, dinámicas y con una gran cercanía. Creo que deberíamos ir un poco más allá del reclamo de Provincia por los 50 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano, pero por supuesto todos los intendentes acompañamos a la gobernadora por ese reclamo", señaló Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.  
Desde Moreno, su par Walter Festa, trazó un diagnóstico preocupante: "El distrito tiene el índice más bajo de cloacas, agua y gas natural de toda la Provincia, y un solo hospital para 700 mil habitantes. Moreno ha quedado postergado estructuralmente", describió. "Y con los aumentos de las tarifas, la gente tiene que elegir entre comer o pagar la luz, el agua o el gas, y esto genera bajas en las ventas de los comerciantes. Hay que prestarle mucha atención a Moreno, porque tiene una realidad social muy complicada", advirtió. «
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