Pese al reclamo internacional, Milagro Sala pasó Navidad como presa política en un penal

La dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur recibió la visita del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de sus familiares directos.

Milagro Sala pasará la Nochebuena en la cárcel. Por primera vez desde el retorno de la democracia, la consigna "Por una Navidad sin presos políticos" que nació en 1972 para reclamar la liberación del centenar de militantes detenidos durante la dictadura de Onganía, Levinsgton y Lanusse, vuelve instalarse como un reclamo con peso en la vida política nacional. Sólo que esta vez bajo un gobierno elegido por el voto. Y es que la dirigente de la Tupac Amaru esta Nochebuena chocará su copa en el patio del Pabellón del Penal de Mujeres de Alto Comedero. Brindará con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, con su marido Raúl Noro, con familiares, otras tres presas políticas y las detenidas por delitos comunes con las que convive tras las rejas desde enero pasado.

Milagro Sala pasará la Navidad en prisión después de una semana que la tuvo como protagonista en el primer juicio en su contra, que concluirá recién el próximo miércoles. "Mi asistida va a pasar la Navidad en la cárcel sin saber cuál es el veredicto de este juicio", exclamó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, cuando el juez Mario Juárez Almaraz, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, postergó la finalización del juicio por el escrache a huevazos a Gerardo Morales, quien la acusa de instigadora.

La noche de Paz y Amor en Jujuy será el corolario de una semana tensa, que tuvo su punto más álgido el miércoles cuando la policía provincial provocó una refriega con diputados nacionales, provinciales, legisladores porteños, concejales bonaerenses, representantes gremiales y de derechos humanos. "Soy diputado nacional, tengo libre tránsito, te pido que abras las vallas y me dejes pasar", exclamó un legislador al otro lado de la reja. La respuesta policial fue tajante: que la orden era no dejarlos pasar. Después ocurrió lo que el Congreso denunció: la agresión a la diputada Mayra Mendoza, el manoseo a una concejala de Lomas de Zamora y la detención del presidente del HCD de Hurlingham, los forcejeos y golpes al resto de los legisladores.

Esa represión es apenas una foto del estado policial que impulsa el gobierno provincial, que ayer ratificó lo actuado: el secretario de Comunicación Raúl García Goyena, aseguró a la prensa que todo fue culpa de los diputados y referentes del FpV que llegaron a Jujuy para "provocar, generar violencia y luego victimizarse". El desproporcionado operativo realizado para trasladar a Milagro al juicio contravencional del jueves y las denuncias por las patrullas sin patente y el estado de persecución que hacen los militantes jujeños, terminan de cerrar el cuadro.

La llegada del gobernador puntano de esta noche fue anunciada el 2 de diciembre, cuando manifestó su intención de pasar la Nochebuena con Milagro Sala. Arribará a las 20 a la penitenciaría ubicada en otro sector del barrio en el que la Tupac Amaru construyó su obra más emblemática: el barrio con la pileta más grande del NOA, con centro de rehabilitación, escuela, centro cultural y fábricas. Fue autorizado por el Servicio Penitenciario jujeño para pasar solo ocho horas de este sábado 24 de diciembre junto a la referente social: estará hasta las 22 y después compartirá un brindis en la capital jujeña con otros dirigentes de la Organización Barrial Tupac Amaru.

"Hablé cn Milagro hace 15 días y le pedí permiso para visitarla. Se emocionó, le gustó la idea, pero el Servicio Penitenciario no me da el permiso que me gustaría, que es pasar con ella desde las 23 hasta la una de la madrugada, el horario que todo el mundo cena y brinda", explicó el gobernador a este diario. Rodríguez Saá dijo que le va a llevar como regalo a Sala una vincha de la cultura ranquel: "A ella, que es bien morcha, le va a quedar muy muy bien", dijo.

En un intermedio de la audiencia del jueves en el juicio contravencional por el acampe en plaza Belgrano, Milagro respondió sin dudar: "Asado y lechón", dijo cuando su abogado Luis Paz le transmitió la consulta del gobernador puntano que preguntaba por Wathsap qué quería cenar.

A la cena también están invitadas las detenidas políticas Graciela López, Mirta Aizama y Gladys Díaz, y las presas con las que comparten día a día el cautiverio. Además, el gobernador tiene planeado dejar regalos bajo el arbolito para las 40 internas del pabellón. "Duele mucho que en Argentina haya presos políticos, que no se respeten los Derechos Humanos, y entonces algo tenemos que hacer", explicó el mandatario puntano.

Persecución política por vía judicial
La dilación en el veredicto del primer juicio a Milagro es parte del escarnio judicial al que la dirigente está sometida. Pese a que los jueces Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz, escucharon los alegatos y estaban en condiciones de poner fin al debate por el escrache que viene siendo investigado desde hace siete años, postergaron para el próximo viernes el veredicto. La prosecución penal fue demasiado larga, para una causa por una protesta en la que ni ella ni la Tupac Amaru participaron, en la que nadie salió lastimado, pero por la que igual la acusan de instigación en base a un testigo preparado que en julio de este año el gobierno de Jujuy terminó contratando con cargo y sueldo de director provincial, pese a que él mismo manifestó que no sabe leer ni escribir.

Esa causa fue el inicio de la persecución con la firma de Morales que terminó con Sala detenida el 16 de enero. También es la clave para entender que siga tras las rejas a pesar de que el 27 de octubre el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU dictaminó que su detención era "arbitraria" y que debía ser liberada de inmediato, opinión que compartieron otros organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la Cedaw (La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) entre otros.

La maraña de causas en las que está acusada Milagro Sala son ocho expedientes en la justicia ordinaria y el de la justicia federal que investiga los huevazos que hace siete años intimidaron a Morales a pesar de que todos lo recuerdan enojado y enervado en ese momento. El único que dijo que estaba atemorizado fue él mismo, que hizo la denuncia e impulsó la querella.
La primera denuncia es la causa 127: la del acampe en la plaza Belgrano por la que Milagro fue acusada de tumulto. En ese expediente está excarcelada. El juez de Control N°3, Gastón Mercau la liberó el 29 de enero, luego de que, casi en el mismo acto, la acusó y dictó prisión preventiva en otra causa.

"La investigación por el acampe está parada", explicó el abogado de la Tupac, Luis Paz. Todos dan por sentado que la explicación es porque entre los imputados están los diputados Emilio Cayo y Germán Noro, que llegaron a sus bancas por el Frente Unidos y Organizados (FuyO) de Milagro Sala, ahora son parte del gobierno bajo el ala del vicegobernador, el massista Carlos Haquim.
De las ocho causas en las que está acusada, cuatro están relacionada con la obra pública y en tres de ellas está acusada del delito de asociación ilícita.

La causa que el 29 de enero dejó presa a Sala es la 129/652, el segundo expediente de la telaraña jurídica en que fue enredada la diputada del Parlasur. Con ella fueron involucrados el expresidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú, la contadora de ese organismo, Martha Gutiérrez, y otro funcionario de menor rango, todos de la gestión anterior, que fueron excarcelados a mitad de año. En esa causa están Milagro, la diputada Mabel Balconte (que acusó a Sala a cambio de su libertad y la de sus hijos), la concejal de FUyO de San Pedro, Marcia Sagardía, y cooperativistas. La acusación es por extorsión Fraude al Estado y Asociación Ilícita. En el expediente, el juez Mercau y el fiscal N°1 Diego Cussel investigan el destino de cheques que la Municipalidad de Jujuy pagó en 2015. El intendente radical Raúl "Chuli" Jorge, no fue citado ni como testigo (ver página 4).

En la causa Pibes Villeros, las defensas de Gladys Díaz, Mirta Ayzama, Gladys "Yaquira" Guerrero y Patricia "Pachila" Cabana, se hacen esa misma pregunta. La investigación es la del video del retiro de los bolsos del Banco Nación de diciembre del año pasado, en la que la líder de la Tupac quedó acusada de fraude y asociación ilícita. Otra causa similar abierta en la justicia jujeña la involucra junto con Abregú y Gutiérrez por cheques emitidos en 2014. La acusación es la misma que en la causa 129: fraude al estado y asociación ilícita.

También la involucraron con el ex gobernador Eduardo Fellner como partícipe –no autora– de defraudación al Estado por supuesto desvío de fondos para 1800 viviendas. Por esa investigación llevaron a declarar al exsecretario de obras públicas, José López y el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello, quien ante el fiscal de Instrucción N°2 Gustavo Araya dijo que había que antes de preguntarle a la Nación, la provincia y las cooperativas, debían preguntarle a los Intendentes que son los que firmaban los cheques y certificaban las obras. Una vez más, Raúl "Chuli" Jorge.

Además de esos expedientes, la justicia jujeña (en rigor, el juez Pablo Pullén Llermanos) investiga tres causas con las que pretenden construir el mito del monstruo, en las que está acusada de mandar a matar, de participar de agresiones graves y amenazar.

Una de ellas es la de "la balacera en Barrio Azopardo", episodio en el que fue atacado a tiros Alberto "Beto" Cardozo, tío del joven Nelson Cardoso asesinado en su celda en el Penal N°1 de barrio Gorriti el 6 de diciembre pasado, hecho que los penitenciarios jujeños quisieron hacer pasar como suicidio. Milagro fue acusada en ese expediente por Jorge Rafael Páez, un imputado que luego de ser capturado estando prófugo, acusó a la líder de la Tupac y Pullén Llermanos lo benefició primero con la domiciliaria y luego con el sobreseimiento. Al juez le interesó más que señalara a "la Milagro" que los dichos de otros cinco testigos –entre ellos policías– que lo vieron junto a Fabián Avila disparando contra Beto en el episodio en el que fue herida una nena.
Esas causas las impulsa con fragor militante Pullen Llermanos, que está recusado por el abogado Luis Paz, por prevaricato y falsas imputaciones. No es para menos: en una conferencia ante los medios, el magistrado dijo que la Organización Barrial Tupac Amaru era una "organización mafiosa".

El decreto inicial

El 12 de enero el gobernador Gerardo Morales firmó el decreto 403-G que establece un reempadronamiento de cooperativas y beneficiarios de planes asistenciales. En el artículo 4 ordena a la fiscalía de Estado retirar la "personería jurídica" de la Tupac Amaru que en ese momento acampaba en la Plaza Belgrano. Para dar la orden, Morales dictaminó como si fuese un juez: "Con motivo de el o los delitos cometidos en oportunidad del acampe", dice el decreto y funda dictamen en "la causal prevista en el artículo 164 del Código Civil y Comercial de la Nación". Desde ese día, la Tupac Amaru perdió la posibilidad de realizar obras públicas.

En ese mismo acto el gobierno jujeño comienza con la extorsión a las cooperativas. En el artículo 5 dispuso que "aquellas personas y organizaciones que a partir de la 0 hora del día 14 de enero de 2016 sigan realizando la toma y acampe (…) estarán excluidos de la aplicación de los planes y programas”.

En los fundamentos de ese decreto, Morales asegura que en un mes de gobierno en Jujuy son más de 500 las cooperativas inscriptas en el "nuevo modelo de gestión de los programas de vivienda", lo que involucraría unas 9000 personas. En julio, el gobernador entregó las primeras matrículas: fueron para 61 cooperativas.

El diputado provincial del FUyO, Juan Manuel Esquivel, contó que el último pago a cooperativistas que realizó la Tupac Amaru fue el 23 de diciembre, cuando 4500 personas retiraron alrededor de 13 millones de pesos en sueldos de entre $ 3800 y $ 5000. "Hoy Morales les da un subsidio de $ 2500 a 61 cooperativas, que en total representan menos de 1000 personas", redondeó.

La destrucción y el abandono del barrio Alto Comedero, el Cantri de la Tupac, la captación de un puñado de cooperativistas, es el ejemplo del intento del poder político y judicial de Jujuy de borrar de la escena la obra de la organización que conduce Milagro Sala. Y el primer paso de ese camino lo dió el gobernador Morales en 2009. El resultado de ese primer objetivo se conocerá el miércoles cuando finalice el juicio de los huevos. «

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