La fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani, a quien acusó por “privación ilegítima de la libertad” y dejó latente la posibilidad de imputarle también violencia de género contra una funcionaria de segunda línea que se negó a obedecer una orden porque entendió que previamente debía dar aviso a sus superiores.

Gemignani estaba convencido de que el ex ministro de Planificación Julio De Vido había incurrido en “dádivas” al donarle al tribunal computadoras y televisores. Esos elementos habían sido recibidos por la jueza Ana María Figueroa y formaban parte de un convenio entre Planificación y el tribunal, pero aún no estaban en funcionamiento sino guardados en cajas.

Gemignani le ordenó a la funcionaria, en plena feria judicial y sin que estuviera a sus órdenes, que inventariara esos elementos. La mujer le explicó que previamente debía dar aviso a los jueces para los que sí trabajaba y ello ofuscó de tal manera al magistrado que llamó a dos policías y les ordenó que la detuvieran.

La fiscal Ochoa pidió la indagatoria ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. Acusó a Gemignani y a los policías por aquellos hechos que ocurrieron el 28 de julio de 2016. La funcionaria en cuestión es la prosecretaria de la Sala Primera del tribunal, María Amelia Expucci. Rápidamente fue liberada y apenas días después, sobreseída. En cambio, Gemignani afronta ahora la posibilidad de ser indagado por un delito singularmente grave para un juez.

Según la fiscal Ochoa, la prosecretaria sufrió “una detención ilegal”, que sólo pudo concretarse por el cargo de Gemignani, lo cual conlleva –además- al posible delito de “abuso de autoridad”. Para la representante del ministerio público existió “una orden infundada de detención e incomunicación impartida por el camarista Gemignani, respecto de María Amelia Expucci”.

En su dictamen, la fiscal destacó los padecimientos que tanto Expucci como otras mujeres que declararon, sufrieron por parte del juez Gemignani.

Ochoa recordó “los mandatos legales de orden nacional e internacional que llaman a resguardar los derechos de las mujeres y protegerlas de toda violencia y en todos los ámbitos”.

Y en ese contexto, subrayó que violencia contra las mujeres es “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.