El abogado Jonatan Baldiviezo, referente del Movimiento Popular La Dignidad y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dejó en evidencia el desinterés que tiene la empresa Metrovías para que las personas con movilidad reducida puedan trasladarse en subte. Hoy, Baldiviezo solicitó al personal de la empresa que no se le cobrara el viaje, tal como lo dispone un reciente fallo judicial, porque al bajarse en la estación Palermo de la línea D la escalera mecánica no funcionaba. Ante el reclamo, un empleado de la concesionaria la volvió a poner en funcionamiento.

“Pedí mi boleto de vuelta en la Estación Palermo de la Línea D porque no funcionaba la escalera de salida tal como lo ordenó el juez Gallardo y en el acto fueron a prenderla. ¡No estaba rota, la tenían apagada!” expresó en las redes sociales el abogado, que sabe de lo que habla porque fue uno de los impulsores de la medida. “Metrovias se volvió a presentar para la nueva privatización del subte”, se quejó Baldiviezo en el mismo posteo en el que también subió un video en donde registró la maniobra del empleado de Metrovías.

Tal como había informado Tiempo, la semana pasada el juez Roberto Gallardo, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, dispuso que todos los usuarios que no pudieran hacer uso de los medios mecánicos de elevación (ya sea escaleras, ascensores o salvaescaleras) tanto en el ingreso como en el egreso de las estaciones estarían exentos de pagar el boleto. La medida fue ordenada luego de que Metrovías incumpliera sistemáticamente diferentes resoluciones judiciales para regularizar esta situación.

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El abogado explicó a Tiempo cómo fue que el juez Gallardo llegó a esta instancia. “En el año 2016, la modificación de Ley N° 5.770 estableció que se debía garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos. Actualmente sólo 1 de cada 3 estaciones es accesible y en 6 de cada 10 viajes los ascensores no funcionan”, precisó el representante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, por lo que el gobierno porteño y Metrovías habían sido condenadas judicialmente a garantizar la accesibilidad en todos los ingresos a las estaciones del Subte.

“En vez de cumplir este mando legal y la sentencia judicial –continuó Baldiviezo-, se impulsó la aprobación de la Ley N° 6.132 que le otorga al gobierno de la Ciudad y a la concesionaria del Subte un plazo de 20 años para garantizar la accesibilidad y otorga un año de gracia para realizar un relevamiento. Esto para que en plena campaña electoral la ciudadanía no tenga el derecho de exigir durante el año 2019 accesibilidad en ninguna estación por estar realizándose el relevamiento. Lo que constituía una vulneración al derecho a la plena y efectiva accesibilidad de las personas con movilidad reducida, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores”.