Plan Cóndor: un fallo en clave de justicia universal

Tras las condenas a los represores y la caracterización de la coordinación de las dictaduras del cono sur como una "asociación ilícita", varios de los protagonistas del juicio y la reconstrucción del caso ven expectativas de avanzar en los países vecinos.
31 de Mayo de 2016

“Por primera vez la Justicia de un país americano ha declarado que ese plan colectivo de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita para cometer delitos”. La frase que el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, lanzó frente al edificio de los Tribunales Federales de Comodoro Py, resumió la importancia de las condenas a 13 de los 17 militares que el Tribunal Oral en lo Federal N°1 impuso por su accionar en el Plan Cóndor. El proceso que terminó el viernes con condenas a catorce militares argentinos y un uruguayo, demandó más de tres años de debate oral para ventilar los delitos en una causa que comenzó en 1999 investigando delitos cometidos en una operación de las dictaduras de la Región conocida desde hace décadas. “Los jueces dijeron asociación ilícita que se llamó Plan Cóndor: hasta ahora ninguna persona había sido condenada por eso”, resumió el fiscal de la causa, Pablo Ouviña.

El viernes, los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto) impusieron penas de 25 años de prisión para Santiago Riveros, Miguel Ángel Furci y el uruguayo Manuel Cordero Piacentini, de 20 años para Reynaldo Bignone, y de entre 8 y 18 años a otros once represores de la dictadura en la sentencia por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”, en las que se investigó la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Más allá del monto de las penas, la sentencia fue histórica porque estableció que la coordinación de las dictaduras del Cono Sur configuró una “asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor”.

En ese sentido y por sus características, el fallo puso punto final a un juicio que fue único: fue el primero en trascender las fronteras nacionales ya que 93 de las 109 víctimas son de países vecinos que tienen dificultades para avanzar en procesos de justicia. En ese sentido, abrió la posibilidad de leerlo en clave de Justicia Universal.

Si bien habrá que esperar hasta el 9 de agosto para conocer los fundamentos del fallo, el debate oral -que comenzó en 2013- permitió revelar en sede judicial la naturaleza del Plan Cóndor. “Lo importante es que un tribunal de justicia que determinó judicialmente, es decir en base a reglas muy rígidas de interpretación, que existió un marco de coordinación ilícito regional que se llamó Operación o Plan Cóndor. Eso es muy relevante”, concluyó el fiscal Pablo Ouviña al finalizar el debate.

En ese camino, remarcó que por unanimidad en su fallo los jueces dijeron “asociación ilícita”. Aunque anteriormente se investigó, juzgó y condenó personas por hechos ocurridos en el marco del Plan Cóndor, por primera vez “se lo investigó en forma global” y se demostró “la dimensión real” de esa coordinación. Ouviña se esperanzó con que esta sentencia “sirva como punto de partida para que otros países puedan examinarla globalmente”.

La marca del imperio

“El Plan Cóndor fue una táctica contrainsurgente. Eso implica que no fue un plan sino una operación dentro de una estrategia más amplia que apuntó a destruir la dirigencia guerrillera del Cono Sur”, subrayó la periodista y analista de política internacional Stella Calloni.

La periodista siguió el caso desde el inicio de la investigación, cuando en 1999 se inició la causa judicial pese a la vigencia de las leyes de impunidad, en un expediente que contaba con un documento de la embajada norteamericana en Buenos Aires de 1978 desclasificado por el Departamento de Estado de EE.UU. A ese papel se sumaron 4 millones de fotogramas de archivos en el Archivo del Terror de Paraguay, 44 mil desclasificaciones de EE.UU sobre Chile, 3 mil sobre Argentina y material de las Fuerzas Armadas y de Seguridad dadas a conocer en estos últimos doce años.

“Desde los archivos del Paraguay del 92 hasta hoy los pasos han sido gigantes”, recordó Calloni. Y abundó: “En aquellos papeles había documentos referidos al Cóndor pero también a otras operaciones. Ahora tenemos que ir por esas otras”.

Sin fronteras

Uno de los aportes más importantes del juicio fue que trascendió las fronteras del país y por eso puede ser pensado en clave de justicia universal. Verbistky lo consideró en igual sentido: “La trascendencia enorme de este fallo es que es la primera vez que el plan Cóndor que funcionó a escala continental tiene una sanción judicial y es declarado como una asociación ilícita”, disparó apenas terminó el debate.

En esa línea, remarcó que entre los condenados a la máxima pena (25 años) está el coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini “que ha sido mencionado como uno de los responsables del secuestro de María Claudia Irurueta Goyena, de Marcelo Gelman, de Nora Gelman”, madre, padre y tía de la diputada uruguaya, Macarena Gelman, nieta del poeta.

Para Macarena la condena fue “satisfactoria”. Y tuvo una particularidad: “(Cordero Piacentini) es que es el primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá con lo que me hace pensar ¿en Uruguay cuándo?”

La parlamentaria remarcó el sentido “simbólico y concreto” del fallo: “toda la información que se ha trabajado aquí es de utilidad para cualquier país que quiera llevar adelante un juicio en este sentido. El sentido de la justicia es reparación. Hay que renovar las fuerzas para ir por lo que falta”.

Tras la sentencia, Verbitsky, dijo que el organismo reclamó al TOF1 que en los casos “en los que no se pudo llegar a la condena por el fallecimiento de los imputados realice una declaración de que esas personas fueron víctimas de la Operación Cóndor”. Entre los casos mencionó al periodista Norberto Habegger y Mónica Susana Pinus de Binstock secuestrados en Río de Janeiro, y los casos de los padres de Paula Logares y María Victoria Moyano Artígas. “Nos parece que es absolutamente imprescindible que quede establecido legalmente el carácter de víctimas a pesar de que Videla haya fallecido”, remarcó.

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