Por militante, Darío Iki Julián recibió plomo tres veces. La primera, de un calibre 9 policial el 20 de diciembre de 2001; unos meses después, el 26 de junio de 2002, perdigonazos de escopeta durante la represión en el Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; por último, el 12 de febrero de 2016, un sicario le pegó un tiro en el pecho. Si bien se recuperaba favorablemente, Iki prefirió dedicar las energías que le quedaban para la construcción de una sociedad distinta. Su cuerpo dijo basta el pasado 21 de enero. La muerte de este militante del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) refleja el asedio que están sufriendo las organizaciones sociales en los barrios, acechadas por el narco, la policía y los punteros todo terreno al servicio del poder político de turno.
El trabajo social de Iki tenía base en la populosa La Matanza, en el barrio Vicente López y Planes de Villa Celina. Su condena fue oponerse a un negocio inmobiliario que se tejió entre una cooperativa, una sociedad de fomento y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la documentación a la que accedió Tiempo, se trata de unas 18 hectáreas sobre humedales cerca de La Salada que carecen de papeles en regla por lo menos desde 1993, cuando los terrenos pasaron del ex Banco Hipotecario Nacional a manos de la Comuna porteña; y luego, sucesivamente, a la Comisión Municipal de Tierras, a la Secretaría de Hacienda, al ONABE y finalmente al IVC que, sin la titularidad de la propiedad, en 2010 transfirió de manera precaria el dominio a la Cooperativa de Vivienda Lozana Ltda.
El convenio fue firmado por Rubén Arias en representación de la cooperativa y por Omar Abboud, entonces a cargo del IVC y hoy legislador porteño de Unión Pro. Los sucesores de Abboud ratificaron el acuerdo: Emilio Basavilbaso en 2012 y su primo, Ivan Kerr, en 2014. Ambos están ahora al frente de la Anses y de la Subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, respectivamente.
Estas maniobras de la cooperativa y de una sociedad de fomento de la zona que fue cooptada por los interesados en realizar este negociado fueron denunciadas por las organizaciones sociales, pero los planteos judiciales no prosperaron. El MPLD visibilizó el conflicto con cortes en la General Paz y en asambleas populares cada vez más participativas. Hasta hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los militantes y la policía en connivencia con la cooperativa. Debido a las obras en el predio, habían comenzado a inundarse los alrededores y la furia vecinal descargó su bronca contra las máquinas de la constructora.
A Iki y los suyos se la juraron. Desde la comisaría local lanzaron una clara amenaza: Cuando cambie el gobierno se la vamos a dar. Según reconstruyó la Revista Crisis, a las 21 de ese 12 de febrero, un muchacho conocido como Johnny El Sicario, un killer que opera en La Matanza, cumplió con la advertencia. Irrumpió en una asamblea y, al grito de déjense de joder con los terrenos, le pegó un tiro a Iki a centímetros de su corazón.
El MPLD perdió recientemente a otro militante. El jueves 15 de diciembre, César Méndez fue asesinado de un balazo en el barrio Cuartel V, en Moreno. La causa: defender a una vecina, a cargo de un merendero de la agrupación, que había aportado agua y alimentos a un hombre para aguantar la toma de un terreno que también estaba bajo la mira de un grupo narco que actúa en la zona. Un precoz matón quiso amedrentarla. Méndez fue baleado por interponerse.
Iki se puso al frente del reclamo. Denunció con nombre y apellido a los sospechosos y a las familias vinculadas al narcotráfico. Hace meses que en Cuartel V sufren amenazas, pero la policía no tomó ninguna medida. Hay un abandono total del Estado. Las organizaciones se encargan de cubrir el hambre y la miseria de los vecinos, mientras sectores mafiosos, en connivencia con la policía, se dedican al narcotráfico y la venta de terrenos, explicaba, con claridad, Darío Julián al portal Cosecha Roja.
La bandita que mató a César sigue en el barrio. El sospechoso está guardado en otro lugar, pero al igual que en el caso de Iki, la justicia no avanzó, cuenta hoy Rafael Klejzer, referente del MPLD y la CTEP, y agrega: El pibe que lo mató, un mes antes trabajaba en la construcción por 5000 pesos. Le ofrecieron un poco más y agarró como soldadito. Los nuestros lo quieren matar, pero él también es una víctima.
El MPLD tiene 86 comedores en La Matanza y 45 en Moreno, y coordina unos 100 merenderos en cada uno de esos partidos, además de jardines comunitarios y bachilleres populares. Es por ese trabajo territorial que muchas veces las organizaciones sociales resultan una amenaza para los dirigentes de los partidos tradicionales. Ni el PJ ni el Pro se hacen cargo del problema de las bandas, las mafias. Como organización tenemos un manual de trabajo en los territorios, un protocolo, que está quedando obsoleto porque el narco es una nueva forma de dominación. Ya no es el puntero clásico gordo del PJ que te aprieta pero con quien podés tener un diálogo, describe Klejzer, quien reconoce que ahora toman mayores medidas de seguridad: deben lidiar con transas, narcos, poliladrones y hasta cooperativas truchas armadas por el propio Estado. Es un dispositivo de control muy fuerte. «
«En el barrio somos la última trinchera contra la droga»
Tiempo consultó a otros referentes sociales y todos coinciden con el análisis del MPLD. Para Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, «el problema de la militancia hoy es que somos la última trinchera en dar la pelea a la droga en los barrios. Esto, para los narcos o los sectores vinculados a las zonas que libera la policía, es irritante. El narco es un actor que se consolidó hace unos años y genera conflictividad con nosotros, que proponemos otros caminos para los pibes pobres. La situación se va a profundizar por el camino económico que eligió recorrer el gobierno: cada vez habrá más pobreza y miseria y ricos más ricos.» Respecto del modo en que Nación encara la lucha contra el narcotráfico, el dirigente sostiene que «las propuestas están lejos de terminar con este problema tan complejo. Echarle la culpa a los paraguayos, peruanos y bolivianos de manejar la droga es una vergüenza. Todos sabemos que gran parte del negocio lo maneja la policía.»
Juan Carlos Alderete, histórico militante matancero de la Corriente Clasista y Combativa, recuerda los aprietes que sufrió tras lanzar, junto a otras organizaciones, la jornada #NiUnPibeMenosPorLaDroga en junio de 2016: «Amenazaron a mi familia, me mandaban fotos y videos de ellos. Quisieron entrar a mi casa. Tuvimos compañeros acuchillados. Todo se calmó cuando lo fui a ver al Papa y hablamos del tema. Nos expusimos mucho y nos equivocamos, porque el poder político nos dejó solos
Esto va a empeorar. Se están terminando las changas. Todos los días se reduce el trabajo y el gobierno no reacciona.»
La patota Pro de la Boca, el primer aviso
La magnitud del negocio inmobiliario y el accionar violento de los punteros en el caso de Darío «Iki» Julián es comparable al episodio que se vivió en la sede de la Comuna 4 porteña, en mayo del año pasado, cuando una asamblea de vecinos terminó con varias personas apuñaladas y golpeadas.
Rodolfo Corzo, empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e hijo de un puntero que hoy milita en el PRO, entró al lugar con una patota y atacó a puntazos a quienes se oponían al traslado de la cancha de Boca, tal como lo quiere el presidente del club Daniel Angelici.
