Todo el dinero que el gobierno ahorró al recortar los subsidios en las tarifas de los servicios públicos (y un poco más también) se destinó a pagar los intereses de la deuda pública, que crecieron a partir de la llegada de Cambiemos al poder. Esa es la principal razón por la que, después de dos años de gestión, el equipo económico todavía no pudo exhibir resultados positivos en la reducción del déficit y del gasto público.
El tema quedó en el centro de la escena con la decisión del presidente Mauricio Macri de recurrir al Fondo Monetario Internacional, organismo que hace de la disciplina fiscal un pilar fundacional de su doctrina. A partir de la corrida cambiaria de abril y mayo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que se acelerará la reducción de gastos para que el déficit fiscal de este año no supere el 2,7% del producto bruto. Ese esfuerzo sería insuficiente para el FMI. La meta final se está discutiendo en Washington, donde se redactará la letra chica del acuerdo.
Lo cierto es que después de dos años y medio de gestión, el gobierno no pudo mostrar mejoras en ese aspecto. Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en 2017 el saldo primario de la administración pública nacional (ingresos menos gastos corrientes) fue negativo en $ 404 mil millones, equivalentes a 3,8% del PBI. Es la misma proporción que en 2015, último año de la gestión kirchnerista, y está apenas por debajo del 4,2% de 2016. Pero si se computa el déficit financiero (saldo primario más intereses de la deuda), el rojo saltó de 5,1 puntos del producto en la despedida de la gestión de Cristina Kirchner al 5,8% del año pasado.
La profundización del déficit se explica porque la continua emisión de bonos para cerrar la brecha fiscal generó más obligaciones. Los intereses abonados se dispararon al triple: de $ 79 mil millones en 2015 a casi $ 225 mil millones en 2017. En comparación, la inflación minorista aproximada en esos dos años (el Indec salteó la medición de algunos meses mientras revisaba sus estadísticas) fue del 77 por ciento.
A partir de estos datos, el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) realizó su propio análisis y concluyó que el gasto público no disminuyó durante la administración macrista y hasta subió una décima porcentual, alcanzando el 26,5% del PBI. Lo que cambió fue su composición. El rubro de intereses de la deuda fue el que más creció en su participación en los egresos fiscales (0,9 puntos del PBI).
Como contrapartida, el concepto que más bajó en proporción al gasto total fue el de los subsidios, que cayeron un 0,8% del producto como consecuencia de los continuos ajustes en las tarifas de gas, electricidad, agua y transporte. Dicho de otra manera, los usuarios pusieron de sus bolsillos unos $ 80 mil millones que antes corrían por cuenta del Estado y que ahora este destina a pagar intereses a quienes le prestan. «Lo que el gobierno viene haciendo desde 2016 es una reconfiguración del gasto público», resume el ITE.
La necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI parece haber apurado los ritmos del gobierno. Los números del primer cuatrimestre, proyectados a todo el año, arrojarían un déficit fiscal del 1,1% y un financiero del 3,4% del PBI, porque el pago de intereses no afloja (sólo entre enero y abril se abonaron $ 93 mil millones por ese concepto). El pato lo pagó la obra pública, que cayó un 23% en valores nominales; los usuarios de servicios públicos, a quienes les recortaron los subsidios otro 19%; y las provincias, que recibieron giros por un 0,5% menos.
Aun así, al gobierno le queda una carta: insistir con su relato que prioriza la mirada sobre el déficit fiscal, entendido como el saldo del funcionamiento del Estado, y minimiza la importancia de la deuda, que sería el precio a pagar para financiar un ajuste más gradual de la economía. Esa visión oculta el hecho de que el dinero para los dos destinos sale de la misma caja y que el resultado de ambos condiciona el margen de maniobra para atender las necesidades públicas. Habrá que ver si ese argumento consigue convencer al FMI. «
Más medidas para achicar gastos en el Estado
El congelamiento de la incorporación de trabajadores al sector público, la suspensión del pago de adicionales en los sueldos de los estatales, el fin de los convenios de asistencia a universidades públicas, una nueva revisión de la estructura de personal en los organismos descentralizados y una reducción en la flota de vehículos oficiales (que sólo podrán ser usados por funcionarios con cargo de secretario o superior) fueron algunas de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Se trata de otra racionalización del gasto que busca achicar el déficit de las cuentas públicas.
El ahorro que surgirá de estas medidas fue calculado en $ 20 mil millones por año. «Puede sonar a poco, pero será dinero disponible para bajar el déficit. Es un paso más en el proceso de reforma permanente», señaló Dujovne, quien se presentó acompañado por Andrés Ibarra, su colega de Modernización, cartera que viene llevando adelante la reducción del personal estatal.
La conferencia de prensa iba a tener lugar en el Palacio de Hacienda, pero una manifestación de trabajadores de ese ministerio agrupados en ATE, que protestaban las medidas que ya habían trascendido, obligó a trasladar el acto a la Casa Rosada.
