Alfonso de Prat Gay, presentó formalmente el primer proyecto de ley de Presupuesto del gobierno de Mauricio Macri y reconoció que el déficit para el próximo año seguirá siendo muy alto, ya que alcanzará el 4,2 por ciento.
Los datos pocos halagüeños no terminan ahí ya que la inflación, que para este período se equivocaron feo, ahora anunciaron que será del 17 por ciento y un rojo en la balanza comercial que ascenderá a 1846 millones de dólares.
Prat Gay se ubicó en la cabecera del salón Delia Parodi, contiguo al conocido como Pasos Perdidos, junto al titular de la comisión de Presupuesto de Diputados, el macrista Luciano Laspina. Lo acompañaron además los secretarios Luis Caputo (Finanzas), el peronista ahora autodenominado técnico Gustavo Marconato (Hacienda), Pedro Lacoste (Política Económica) y Paula Bertol de Relaciones Parlamentarias.
Entre los diputados también se ubicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV).
Con su parquedad habitual Prat Gay desmenuzó de a poco el proyecto. No habló de grasa militante ni de la posibilidad de que algún santiagueño pueda ser el próximo presidente y dijo que estimamos la totalidad del gasto para evitar modificarlo a mitad de año a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Según el funcionario los cálculos realizados le permiten afirmar que el Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2017 será de 10 billones de pesos que significa un 3,5 por ciento de incremento con respecto a este año. Prat Gay, como si estuviese haciendo una referencia a su ideología, consideró que el crecimiento estimado es conservador aunque luego se vanaglorió de que dicha tasa es la más alta de los últimos seis años. Luego, y casi como expresando un deseo, sostuvo que la inflación estará en un rango del 12 al 17 por ciento. Un porcentaje que ya anticipa cuál será el nivel de incremento salarial que buscarán imponer el próximo año en las negociaciones paritarias.
En el bloque del Frente Renovador no consideran como posible ese rango que estimó el ministro y el diputado Marco Lavagna sostuvo que es más probable que la inflación se mueva entre el 20 y el 25 por ciento que lo que expresa el gobierno.
Sobre la inflación, el ministro de Hacienda dijo que se está reduciendo y se animó a afirmar que redundará en una mejora del poder de compra y apuntó a los jubilados como el sector de la sociedad que podrá aprovechar más esta situación fruto de los aumentos que reciben por la movilidad jubilatoria y por la tan cacareada reparación histórica.
En cuanto a las razones por la que el déficit fiscal será muy alto, el funcionario destacó que son dos los factores que lo provocan: El 0,6 por ciento de la ley de reparación histórica de los jubilados, para lo cual tenemos los recursos, y entre las modificaciones del Congreso y el cambio de panorama que implicó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de la eliminación gradual de los subsidios (de tarifas) a los ricos, estas dos situaciones representan 0,4 por ciento del PBI.
En otro orden, Prat Gay señaló que el gasto de capital van a crecer mucho más que el gasto promedio y recurrió a modo de ejemplo a las partidas del famoso Plan Belgrano. Según el ministro estas crecerán al 41 por ciento anual que implican un 95 mil millones de pesos, mientras que los servicios sociales crecerán un 29 por ciento.
En cuanto al servicio de la deuda, el proyecto que presentó el ministro da cuenta de un incremento del 32 por ciento con respecto al 2016. Por caso, este año el servicio de la deuda implica una erogación de 186.907 millones de pesos y para el próximo año ascenderá a 247.328 millones de pesos. Entre los diputados del PRO hay cierta esperanza que los intereses de la toma de nueva deuda irán reduciéndose con el tiempo. Ahora bien, el proyecto incluye un pedido autorización de toma de deuda que supera los 30 mil millones de dólares. La mitad está será destinado para pagar los vencimientos previstos pero la otra mitad no tiene, al menos por ahora, un destino manifiesto. En el Frente Renovador se especula que esta decisión del gobierno está atada al proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado que obliga al gobierno nacional a pedir autorización al Congreso para tomar nuevas deudas. De esta manera se evitan un debate y, sobre todo, la explicación de las razones para tomar nuevas deudas.
Un último dato que llama la atención es que el presupuesto del próximo ejercicio no contempla la reducción de las retenciones a la soja que, según el compromiso del gobierno nacional, debía quedar en 25 por ciento en 2017 pero que el presupuesto las sigue contemplando en el actual 30 por ciento.
El oficialismo le puso fecha al tratamiento del proyecto en el recinto. Hablan de la última semana de octubre porque, sostienen, la discusión previa la están realizando junto con los senadores para reducir el tiempo de sanción. Habrá que ver si esa previsión de tiempo les alcanza porque la próxima semana ingresará también la iniciativa que busca incorporar nuevas escalas en el pago del impuesto a las ganancias. Nadie en el oficialismo se atreve a afirmar que el impuesto va a desaparecer y mucho menos que serán menos los que lo paguen. En todo caso dicen que será menos cantidad de dinero que el trabajador aportará.
