Una movida político-judicial allana el camino para que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea removida por decreto. La alquimia jurídica es algo así como legalizar el homicidio para matar impunemente a un enemigo, sin importar la gravedad de la decisión y las consecuencias posteriores. La maniobra es el final definitivo para el cacareo del «respeto a las instituciones» con que Cambiemos llegó al gobierno.
La ONG Será Justicia, que encabeza el abogado Guillermo Lipera, le pidió al juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli que declarara la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema para la remoción de su cargo. Si ese artículo fuera declarado inválido, no habría mecanismo alguno para remover al procurador, se esfumaría. Es decir que se produciría un vacío legal que solo puede ser subsanado mediante una ley.
Pero a falta de ley, buenas son las trampas: en ese escenario el presidente Mauricio Macri podría firmar un decreto de necesidad y urgencia desplazando a Gils Carbó y el DNU solo precisaría que una de las cámaras del Congreso lo avalara para tener fuerza legal y entrar en vigencia.
Cuando se cuestiona por la vía judicial, total o parcialmente, a una ley, lo normal es que quien defienda la vigencia de la ley sea el Estado Nacional. De hecho, la demanda está dirigida «contra» el Estado Nacional. Aquí ocurrió exactamente lo contrario: el gobierno sostuvo que lo que propuso la ONG es correcto, es decir «se allanó» a la demanda, coincidió con el reclamo.
El Ministerio Público Fiscal, es decir la institución en la que circunstancialmente está hoy Gils Carbó, se presentó en el expediente y pidió ser parte, pero el juez lo rechazó argumentando que «la Procuración General de la Nación carece de un interés jurídico propio y tutelable que la habilite para intervenir como parte en estas actuaciones». Cuesta explicar cómo «carece de interés» cuando la decisión la afectará directamente.
En cambio el juez sí aceptó como parte a la persona Gils Carbó. ¿Contradicción? No, estrategia. Una vez declarada, eventualmente, la inconstitucionalidad pedida, la actual procuradora no podrá argumentar que la medida no la alcanza a ella sino a futuros procuradores.
De la decisión de Marinelli se desprende que la causa no gira en torno a un litigio institucional sino a uno personal. No puede haber un reconocimiento más explícito de que el problema no es el mecanismo de remoción que establece la ley sino pura y específicamente Gils Carbó. Para voltearla, se está llegando al extremo de destrozar parcialmente una ley.
Hay, no obstante, un obstáculo difícil de sortear: los tiempos. Una eventual declaración de inconstitucionalidad será apelada por Gils Carbó y el expediente tiene destino final de Corte Suprema. ¿Podría el gobierno remover por DNU a la procuradora con solo un fallo de primera instancia? Sería, cuanto menos, osado. Acaso el objetivo no sea inicialmente ese, sino un nuevo esmerilado a la procuradora.
Lipera, cuya ONG Será Justicia presentó el planteo de inconstitucionalidad, es oriundo de Chivilcoy, los pagos de Florencio Randazzo y Héctor Magnetto. Padre de nueve hijos, se formó en la Universidad Católica y se define políticamente como «peronista». De hecho, estuvo muy cerca de Sergio Massa en las últimas presidenciales, pero rápidamente viró hacia el macrismo después del balotaje. Representa al ala derecha de la abogacía porteña. En Será Justicia lo acompañan el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires Juan Curutchet y el abogado Máximo Fonrouge, integrante del estudio que encabeza el extitular de la empresa Thales Spectrum, Juan Carlos Cassagne, entre otros afines. «
Inédita actitud de Tonelli contra el juez Ramos Padilla
El consejero de la Magistratura en representación de los diputados de Cambiemos, Pablo Tonelli, le dio la espalda a un juez denunciado por su intervención en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El hecho ocurrió en una de las sesiones de la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, en la que había sido citada una testigo de cargo contra el juez Juan Ramos Padilla, actual integrante del Tribunal Oral Nº 29, que tiene a su cargo entre otras la causa por la venta a supuesto precio vil del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina y el proceso contra el policía acusado de haber robado en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti la noche que Cambiemos ganó el balotaje.
Ramos Padilla fue obligado a sentarse en una silla a espaldas de Tonelli, quien presidía la sesión. Nunca, en un proceso judicial (o de juicio político, como en este caso), el juzgador le da la espalda al juzgado.
Ramos Padilla recusó a Tonelli: «Usted carece de idoneidad moral para presidir esta comisión». Le recordó, en ese sentido, la forma en que el diputado de Cambiemos llegó al Consejo: «Usted ocupa un cargo que ha obtenido mediante un espurio contubernio en el Congreso». Tonelli ocupa un lugar que reclama el Frente para la Victoria y hay un juicio (demorado) en los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal al respecto.
Ramos Padilla fue denunciado ante el Consejo por su participación en un Tribunal que debía juzgar delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, juicio del que finalmente fue apartado en una controvertida decisión que frustró la realización del debate. El juez le advirtió a la defensora oficial María Angelina Bossini que su conducta no era la adecuada para el debate, le anunció que estaba facultado para aplicarle sanciones y le requirió que «vaya al punto».
En la acalorada audiencia, Tonelli le aplicó una sanción de llamado de atención a Ramos Padilla. El juez replicó: «¿Usted me está sancionando? O sea que está haciendo conmigo lo mismo por lo que yo fui denunciado y estoy siendo juzgado por usted. No entiendo» «
