Promueven la explotación privada del petróleo brasileño

Aprueban una ley que elimina la obligación de que Petrobrás participe en todo proyecto de explotación en ese país.
10 de Noviembre de 2016

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma de ley que acaba con la obligación de que la estatal Petrobras participe en todo proyecto de explotación de petróleo que se desarrolle en el país, según una decisión publicada hoy.

La reforma fue aprobada la noche de este miércoles por 292 votos a favor y 101 en contra y será remitida para sanción al presidente Michel Temer, uno de los principales defensores de este proyecto, que también apoyaba la ex presidenta Dilma Rousseff, destituida el pasado 31 de agosto por unas supuestas irregularidades fiscales.

En la práctica, se espera que esta reforma permita una mayor participación de la empresa privada en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, que ya no tendrán la obligación de asociarse a Petrobras para operar en el país.

En especial, los impulsores de esta medida apuntan a una mayor apertura al sector privado en la zona conocida como "presal", que atesora enormes cantidades de petróleo y gas en unos yacimientos situados en aguas profundas del litoral atlántico brasileño.

Hasta ahora, la ley determinaba que Petrobras debía tener en cada uno de esos proyectos una participación mínima equivalente al 30% del capital, recordó la agencia EFE.

La propia petrolera estatal apoyó la reforma, sobre todo por los problemas financieros que le causaron la caída del precio del crudo en los mercados internacionales y su propia  crisis de corrupción, que redujeron a mínimos su capacidad de inversión.

La empresa está en el centro de la mayor investigación sobre corrupción que se haya realizado en Brasil, que salpica a decenas de políticos y empresarios que amañaban contratos con la petrolera, inflaban sus precios y luego se repartían las diferencias.

Según admitió la propia Petrobras en balances publicados el año pasado, esas prácticas corruptas le causaron a la empresas unos perjuicios financieros calculados en unos 2.000 millones de dólares (1.832,6 millones de euros) entre 2004 y 2014.

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