Por iniciativa del Bloque del Frente de Izquierda y con la firma de diputados de Proyecto Sur, el Movimiento Libres del Sur y el Frente Renovador, el apoyo de La Asociación Bancaria y las comisiones internas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) de los fueros laboral, civil y penal, los dirigentes de la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación de Profesionales en Lucha y dirigentes de la CTA, se presentó el proyecto de resolución donde se repudia el pedido de juicio político a los jueces laboralistas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino y se rechazan las acusaciones de mal desempeño, falta de idoneidad y otras que se vertieron sobre ellos.

Estos jueces habían instado, a través de una medida cautelar, a que se diera cumplimiento al pre-acuerdo salarial suscripto por el gremio La Bancaria y las cámaras empresarias de los bancos que el ministerio de Trabajo rechazó homologar dando lugar a la apertura de un conflicto gremial que, finalmente, concluyó con el reconocimiento de las patronales bancarias a gran parte del acuerdo original.

El gobierno, sin embargo, promueve el juicio político contra los magistrados con el propósito de amedrentar a la justicia laboral, allí donde se muestre algún gesto de defensa de los trabajadores frente al ajuste que impulsa el ejecutivo.

De la Audiencia participaron los diputados del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, Soledad Sosa, Pablo López y Juan Carlos Giordano, así como Julio Raffo de Proyecto Sur a quienes se suman los apoyos de Horacio Alonso y Graciela Camaño del Frente Renovador y Federico Masso del Movimiento Libres del Sur que suscriben el proyecto.

Por el lado de la justicia, participaron el juez Roberto Pompa de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; León Piasek, Fernando Vigo y Alejandra Vernat, del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados Laboralistas; Luis Raffaghelli, presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo y Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA, entre otros, además de las comisiones internas de los fueros.

Por el lado de los dirigentes gremiales Sergio Palazzo, secretario general de La Asociación Bancaria opinó que “no es una política aislada del ministerio de Trabajo. Hay un patrón de conducta por parte del ejecutivo que apunta a disciplinar a los trabajadores obviando la justicia y la división de poderes. Se vio también con el juez Arias en La Plata”. Además, señaló el dirigente, que “tratan de disciplinar al movimiento obrero. Lo que se atacó es el modelo de negociación colectiva. Es de una gravedad inusitada”.

Por último destacó que “el gobierno que dice buscar el diálogo atacó el ámbito más importante de diálogo entre trabajadores y el sector empresario que es el de la paritaria. Cuando allí se llega a un acuerdo, el hecho de que funcionarios busquen entorpecerlo en alianza con la banca extranjera nada tiene que ver con un país republicano sino con un país gobernado por los CEO de la banca extranjera”.

Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT-PO destacó que se trata de “una ofensiva judicial asociada a una ofensiva contra el movimiento obrero. Buscan formatear la justicia y el Estado al servicio de la revisión de los convenios”. Y que “la defensa de Arias Gibert y Marino es incondicional, el mismo ángulo tuvimos con los jueces Herrero y Fernández que fueron atacados por los fallos a favor de los jubilados” en referencia a lo ocurrido durante el año 2014.

Por último destacó que “tenemos mayoría para lograr una aprobación en el recinto que sería un golpe político. Mi compromiso es hablar con Héctor Recalde presidente del bloque del FPV, con Diego Bossio del PJy hasta con Roberti que preside la comisión de trabajo y tiene orígen sindical. La mayoría debería ser total”.