Qué hay detrás de la decisión de Lijo de no detener al banquero Brito

A diferencia de Boudou, el juez decidió que siga en libertad a pesar de que Vandenbroele denunció haber recibido dinero del directivo de Macro para que no hablara. Los vínculos entre el juez y el financista.
22 de Noviembre de 2017

Las mismas razones que llevaron al juez federal Ariel Lijo a detener al ex vicepresidente Amado Boudou debieron haber causado ayer los arrestos del banquero Jorge Brito, del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Pero el juez optó por un mecanismo diferente, pese a que a Boudou le había dicho que había cambiado la doctrina y que no le quedó otra alternativa que proceder a su humillante arresto.

¿Qué cambió entre una decisión y la otra? Básicamente, nada. En todo caso, las diferencias juegan a favor de Boudou y en contra de, por ejemplo, el banquero. El fiscal Jorge Di Lello, al pronunciarse sobre la detención del ex vicepresidente, consideró que podían aplicarse medidas “menos lesivas”, habida cuenta de que el imputado siempre estuvo “a derecho”. Durante la audiencia ante la Sala Primera de la Cámara Federal que se celebró el martes, el detenido Boudou explicó, además, que tiene “arraigo” de sobra en el país, entre otras razones porque será padre de mellizos en menos de un mes y su mujer embarazada vive aquí, no en México, de donde es oriunda. También explicó que no tiene capacidad para obstaculizar una investigación que, en lo que a él atañe, parece cerrada. Boudou justificó que no tiene poder (ni siquiera residual) pues todavía no consiguió que le saliera la pensión como ex vicepresidente, pese a que la tramita prácticamente desde el día que dejó el cargo. Todos los papeles están en regla, pero ANSES –la dependencia de la que fue titular antes de ser ministro de Economía y, después, vicepresidente- le tiene cajoneados los papeles.


Cuando presentó el acuerdo con Alejandro Vandenbroele, el “imputado colaborativo” que busca a través de su “arrepentimiento” evitar la cárcel, Di Lello describió una situación que sí podría interpretarse como de obstaculización a la investigación. De hecho, él la interpretó como tal: Vandenbroele dijo que recibía pagos por parte de Brito. Si bien el texto de la declaración aún no se conoce, lo cierto es que la presunción indica que no sólo había dinero para sus gastos sino también para pagar a sus abogados. La contraprestación, según parece desprenderse de la delación, era su silencio. La declaración del imputado incluso mencionó quién efectivizaba los pagos, un abogado, Francisco Sguera, también llamado a indagatoria.

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¿Alguien más le pagaba a Vandenbroele? En su declaración no aparece nadie más, pero en la periferia de la causa sí trasciende la existencia de otro supuesto benefactor.

Pese a esas afirmaciones, y al llamado a indagatoria, no hubo detenciones. Lijo tiene una vinculación personal con Brito. Está documentada en acontecimientos sociales y también en otros, privados. Una de las causales de excusación o recusación contempladas por la ley es, justamente, la amistad o enemistad manifiesta entre el juez y una de las partes. Lijo no se excusó; llamó a indagatoria, y (comparativamente con Boudou) con razones suficientes para ordenar la detención, no lo hizo. Sí, en cambio, le prohibió la salida del país pero no ordenó la entrega del pasaporte sino “las comunicaciones de estilo” a las autoridades migratorias.

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