Pasan cosas raras en Argentina. Muchas. Quién iba a decir, por ejemplo, que el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni le ayudaría tanto al macrismo en este año que recién comienza. Su insistencia en declarar una y otra vez que este gobierno debería terminar antes de lo previsto ha sido el pretexto ideal para llenar páginas impresas y webs y horas de radio y televisión oficialista (que hoy soy la mayoría) con repudios a su (inexistente) «golpismo». Y por más que Zaffaroni aclare, los convencidos de que quiere derrocar a Macri, convencidos están. Lo raro es que quienes se indignan porque desea un fin anticipado del gobierno, promueven el fin anticipado de su cargo como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en su momento, exigieron que Cristina Fernández de Kirchner no terminara su mandato. La coherencia, para algunos, hace mucho que está de vacaciones.

Otro gran misterio es el No Escándalo de las cuentas escondidas por funcionarios en guaridas fiscales. En menos de una semana, el equipo de investigación de los Paradise Papers reveló, pruebas en mano, que el ministro de Finanzas Luis Caputo escondió en sus declaraciones juradas que fue accionista de sociedades offshore. Poquitos días después, el diario El País contó que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta en Andorra. En una defensa curiosa, Díaz Gilligan dijo que el dinero no era suyo y que sólo le hizo «un favor» a un amigo. O sea que era un testaferro. Ah, bueno, el pueblo argentino se puede quedar tranquilo. Y qué decir del exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a quien le rechazaron 5 millones de dólares por sospechas de que eran coimas. El tema es que cuentas van, cuentas vienen, y todo pasa como si nada, apenas si se habla de esos casos y se exige rendición de cuentas. Por suerte la Oficina Anticorrupción, con ese afán de transparencia y ánimo de imparcialidad que la caracteriza, ya debe estar investigando con profundidad para pedir renuncias y/o sanciones ¿verdad?

Es rarísima, también, la escasa cobertura que tiene el juicio de encubrimiento por el ataque a la AMIA. Tratándose del peor ataque terrorista ocurrido en Argentina, con secuelas políticas que duran hasta ahora, sin ningún culpable en prisión, yo pensaría que cada audiencia debería cubrirse con detalle, pero eso no pasa. ¿A quiénes les beneficia que no se sepa lo que ocurre, lo que se dice en Comodoro Py? Y eso que el juicio ya derivó en un pleitazo de Elisa Carrió contra el ministro de Justicia Germán Garavano por haber pedido la absolución de Eamon Müllen y José Barbaccia, exfiscales de la causa, y de Jorge «Fino» Palacios, el tristemente célebre primer jefe de la Policía Metropolitana en los albores del macrismo en la Ciudad. Como si no supiera con quién se mete, Garavano ya dijo que, si quiere, Carrió puede pedir su juicio político. No es difícil imaginar a la diputada preparando el petitorio. Ojalá que la pelea alcance a entrar en el guión de la seguramente entretenida serie de Netflix sobre el fiscal Alberto Nisman. ¿Con quién se va a quedar Macri: con su aliada autoconvencida de que es la guardiana moral de Cambiemos o con su ministro? No se pierdan el siguiente capítulo.

Una gran noticia de la semana fue que el juez Osvaldo Rappa sobreseyó a las 20 personas detenidas durante la marcha de mujeres del 8 de marzo del año pasado. El fallo es muy importante (sobre todo en estas épocas represivas en las que el gobierno licita la compra de balas de goma a granel) porque reconoce que las detenciones fueron arbitrarias, al voleo, sin pruebas por parte de los policías. Ahora sí podemos pensar que el próximo 8M decenas de miles de mujeres podrán marchar en paz, sin miedo de razzias o de terminar vejadas en las comisarías. Ojalá.

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