Rechazo del gobierno porteño a trabajadores sociales de la UBA en convocatoria laboral

La búsqueda sería para reemplazar a profesionales de la universidad pública despedidos en enero que desplegaban una actividad gremial y eran críticos del plan de urbanización de la Villa 31.

La minoría en el Consejo de Profesionales de Trabajo Social presentará un amparo y una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) luego de conocerse una búsqueda de empleo promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la que, taxativamente, se excluye de la misma a los y las profesionales de Trabajo Social egresados de la Universidad de Buenos Aires.

Para ser claros: un organismo público rechaza, a priori, profesionales egresados de la universidad pública.

El texto de la convocatoria omite el organismo que realiza la búsqueda pero especifica que las tareas se realizarán en la Villa 31 y que la modalidad de contratación será a través del monotributo. La misiva, textualmente, señala que “No serán tenidos en cuenta perfiles UBA”.

Mediante un comunicado, la Lista Roja, minoría del Consejo de Profesionales de Trabajo Social señaló que “queremos denunciar el claro acto discriminatorio que implica un requisito de estas características, que excluye a quienes se formaron en la universidad pública más importante de CABA, y que no tiene más fundamento que una opción ideológica por priorizar perfiles profesionales formados en unidades académicas más afines a la línea de gestión neoliberal, precarizadora y tercerizadora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el nacional; perfiles que se pueden encontrar en algunas unidades académicas privadas que son el semillero de gran parte del funcionariado PRO.”

La búsqueda, sugestivamente, se produce meses después de que haya habido un intenso conflicto por diez despidos de profesionales de Trabajo Social egresados de la UBA en la Secretaría de Integración Social y Urbana organismo creado para la ejecución del proyecto de urbanización de la Villa 31 y 31 bis. 

En ese momento, la junta interna de ATE denunció que el ajuste no respondía a cuestiones presupuestarias (las partidas se incrementaron un 135%) sino a una persecución gremial, política e ideológica. 

Es que los profesionales desplazados, según un comunicado de los delegados, desempeñaban funciones de “fundamental importancia para garantizar la preservación y el cumplimiento de los derechos de los vecinos, lesionados por las decisiones políticas de un gobierno que prioriza la especulación inmobiliaria". 

Los diez profesionales cesanteados en enero eran egresados de la Universidad de Buenos Aires y desplegaban una intensa actividad gremial que, además, se manifestaba también en una posición política crítica a los términos del proyecto de urbanización que, a su turno, influenciaba a los vecinos involucrados.

La Junta de Carrera de Trabajo Social de la UBA se dispone a considerar un proyecto presentado por la minoría estudiantil de repudio y pedido de explicaciones a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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