El ministro de Producción, Dante Sica, debió enfrentar este miércoles a los principales damnificados por una de las tres medidas que tomó el gobierno nacional el día anterior: los exportadores.

El ministro participó del Día de la Exportación, un tradicional encuentro empresario organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que suele llevar la voz de las firmas que más exportan.

Sica aseguró que la prioridad es “estabilizar la macroeconomía”, objetivo al cual quedarán subordinados el resto de las metas, como los subsidios a la producción.

Sica fue recibido con amabilidad en el coqueto salón del Hotel Four Seasons en el que se realizó el evento. Pero por lo bajo, los ejecutivos de empresas y algunos pocos empresarios presentes murmuraban acerca del impacto que tendrá la quita de un 66% en el monto total de los reintegros a las exportaciones.

El gobierno aún no emitió la resolución al respecto porque sus técnicos están escribiendo la letra chica, que incluye los montos que dejará de percibir cada sector económico.

Por eso, las empresas presionan con fuerza para lograr revertir la decisión, o si no pueden morigerarla, darle el sentido que menos afecte sus intereses. Los lobbies trabajan a destajo.

Los cálculos del Ministerio de Hacienda prevén que la administración nacional se quede con unos 34.000 millones de pesos entre lo que queda del año y todo 2019.

No todos los sectores productivos tendrán la misma quita. Sica adelantó que las pymes exportadoras de “sectores sensibles” tendrán una reducción menor de los reintegros. En ese grupo se encuentran las empresas dedicadas a la producción de calzado, muebles, juguetes, textiles, prendas de vestir, cuero y metalmecánica, entre otras. Las exportaciones de estos sectores están atomizadas en una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas.

En cambio, un grupo de empresas grandes y que concentran las exportaciones de sus rubros tendrán mayores quitas. Aquí se encuentran los fabricantes de tubos de acero, ferroaleaciones y vehículos de carga y pasajeros.

El gobierno justificó la medida con un argumento sui generis: como la devaluación del peso ha beneficiado a los exportadores, asegura, estos bien pueden resignar una pequeña porción de sus nuevas ganancias y dársela al Estado.

El cómputo es que el tipo de cambio real multilateral (un cálculo del valor del peso contra un grupo de monedas fuertes) que reciben los exportadores está un 23% por arriba del promedio de 2014-2015 y que la quita de reintegros apenas les saca un punto porcentual de ese incremento. “Prácticamente no se toca la mejora en la competitividad de las empresas”, aseguraron desde Producción.

Lo que el gobierno no dice es que esa “mejora en la competitividad”, ahora del 22%, es en realidad la consecuencia de una enorme transferencia de ingresos desde los sectores con ingresos en pesos hacia los que reciben dólares. Y los sectores en pesos son, básicamente, los asalariados y los jubilados.

Tiempo ha detallado, en base a cálculos privados y propios, cómo la devaluación del 60% a lo largo de este año eliminó poder de compra del salario y redujo su participación en la creación de riqueza. Ahora es el gobierno el que lo confirma.

Por último, queda por ver si las empresas se animan a trasladar a precios la menor rentabilidad que obtendrán por sus exportaciones. Eso podría hacerles perder mercados internacionales. La otra posibilidad es que busquen compensarse con las ventas locales. Eso sería una invitación a aumentar la inflación y la caída del consumo en un escenario de estanflación.