En medio de la guerra fría que atraviesa la administración del presidente Mauricio Macri con la Corte Suprema de Justicia, este viernes el ministro del área Germán Garavano mantuvo una reunión reservada con el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y con el cortesano Carlos Rozenkratz, es decir, con dos de los cinco miembros que lo componen. La cita fue confirmada a este diario por fuentes de la Corte y de la Casa Rosada. Fue solicitada por el ministro Garavano y se concretó un día después de la acordada dividida que hirió de muerte la maniobra de habilitar al Tribunal Oral Federal 9 (TOF 9), que iba a tener a su cargo la causa que investiga el supuesto encubrimiento cometido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA (originado por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman) y por la causa que también tiene a la exmandataria señalada por presunto lavado de dinero en obras públicas realizadas en Santa Cruz por el empresario Lázaro Báez y miembros de su familia. 

Según las fuentes consultadas, la reunión tuvo un tono similar a los cruces públicos que protagonizaron Garavano y Lorenzetti durante el acto de apertura del año judicial que encabezó el titular de la Corte hace diez días, con lanzamiento de una jornada de 48 horas para analizar una iniciativa de reforma judicial diseñada por el titular del máximo tribunal que eludió al Programa Justicia 2020, impulsado por el Ministerio de Justicia con el mismo fin. Ante la presencia de jueces federales de todo el país, y de Garavano, Lorenzetti leyó un discurso que cosechó murmullos de sorpresa: «Los poderes judiciales han recibido miles y miles de demandas. Las transformaciones en los últimos tres años han sido mínimas. ¿Reflexionar sobre el Poder Judicial y examinar los procedimientos institucionales? Debemos hacer una autocrítica acerca de cómo estamos funcionando, debemos pensar en el país y en la grandeza que necesitamos. Hay un exceso de coyuntura y una ausencia de estatura para ver los grandes problemas en el mediano y largo plazo», disparó el juez. El enviado del Ejecutivo eludió los dardos públicos, pero luego le pidió al radical Ricardo Gil Lavedra, titular ad honoren del Programa, que le enviara una carta a Lorenzetti con el fin de pedirle que tuviera en cuenta al menos 12 iniciativas que ya estaban en marcha. Como respuesta, los organizadores de la Corte eludieron el pedido, y en el segundo día de los paneles el juez federal Claudio Bonadio redobló la apuesta: «Descreo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas que impulsa la Corte, porque en estos dos o tres años de gestión no ejecutaron políticas de fondo, sobre todo en el área criminal». 

Fallos amargos en agenda

Esos cruces púbicos fueron parte de la escalada de tensión entre la Corte y el gobierno que este jueves llegó a un punto crítico, con la acordada que dejó sin efecto la transformación del Tribunal Oral Criminal 10 en el TOF 9, a partir de la aplicación de la Ley 27.307. El proyecto original fue diseñado por Garavano para aplicar un concepto de transferencia de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires que impulsó inicialmente Gustavo Béliz en su fugaz paso como ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Es compartido por el PRO desde hace años, y defendido por Garavano desde que fue fiscal general porteño desde 2008. La norma que lo catalizó fue votada el 30 de diciembre de 2016 y habilitó la transformación de cinco tribunales criminales en federales. 

La ley especial habilitaba a transformar a los jueces criminales en federales con mayoría simple del Consejo de la Magistratura, pero la movida cayó en saco roto este jueves, cuando los cortesanos Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossati frenaron la nueva categoría federal del tribunal que había quedado compuesto por Silvia Mora, Alejandro Becerra y Alejandro Noceti Achával. Fuentes judiciales sostuvieron que el gobierno «no tenía idea» del resultado del fallo, pero cerca de Garavano explicaron que «estaba al tanto», del mismo modo que está preparado «para un fallo muy duro en materia previsional que puede ser inminente», y que podría dañar gravemente el cambio de la fórmula de actualización jubilatoria que el gobierno envió al Congreso a fin de año, y cuya sanción se produjo en medio de una violenta represión policial contra las movilizaciones convocadas para repudiar el cambio. 

Desde el Palacio de Justicia admitieron que hay un expediente sobre la actualización previsional que es materia de debate de los cortesanos, dentro de una hoja de ruta que también incluye fallos sobre aumentos de tarifas de servicios públicos y sobre litigios impositivos con el fisco federal. Desde que conoció las implicancias de la acordada del jueves, la Casa Rosada lanzó un operativo público para señalar a los tres jueces que anularon la maniobra del TOF 9, pero omitieron mencionar que Garavano había solicitado una reunión con el titular de la Corte para evitar que la tensión entre ambos poderes empeorara. Sin embargo, la agenda de fallos en gatera y las controversias entre los cinco cortesanos sobre cada tema confirma el tembladeral que Garavano tiene por delante. El fallo del jueves tuvo tres votos a favor, y las disidencias de Elena Highton de Nolasco y Carlos Rozenkratz, que estuvieron de acuerdo con federalizar el nuevo tribunal pero coincidieron con anular los sorteos previos. Entre ellos, los que permitían al TOF 9 entender en dos expedientes que tienen a CFK como principal objetivo. La acordada dividida es una muestra de la geografía cambiante del máximo tribunal: se transformó en la vigésimosexta de este tipo desde 1983 y la segunda desde diciembre, cuando también hubo disidencias sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Poder Judicial. 

La vendetta judicial de Macri

Ante las consultas de este diario, en la Casa Rosada machacaron con la presunta orientación peronista de los tres magistrados que anularon el alcance del TOF 9, pero un operador judicial del gobierno fue más lejos: «Nosotros sabemos que Lorenzetti quiere ignorar la reforma que lleva adelante el Ejecutivo, y por eso salió Bonadio a bajarnos el precio en medio de las jornadas, pero Lorenzetti está en campaña, porque quiere seguir siendo presidente de la Corte», señaló, respecto al interés del magistrado por renovar su cargo. «Por eso hicieron las jornadas, para marcarnos la cancha, pero había proyectos imposibles, como sacarnos la Oficina Anticorrupción y llevarla a la órbita de la Corte», confió una fuente de Justicia, que defendió la actuación de la exdiputada Laura Alonso al frente del organismo que tiene rango de secretaría de Estado y depende de Garavano. En la Corte defenestran el rol de Alonso y sostienen que el modelo de transparencia del gobierno está en crisis a partir de la impericia de la OA y el silencio de Garavano. 

«En la reunión hablaron de la reforma de la Justicia, del fallo del TOF. Es ridículo que anulen ese tribunal, cuando ya hay otros habilitados. Es ilógico que ahora digan que los jueces tienen que pasar por el Senado», sostuvo otro funcionario que no ocultó su malestar para defender el deseo del gobierno de que esos magistrados sean nombrados por mayoría simple del Consejo de la Magistratura. «Aunque no quieran nuestra reforma, ni quieran escuchar nuestras propuestas, les dejamos en claro que nosotros vamos a pelearla hasta el último día», remarcó la fuente para negar el revés vivido dentro del gobierno. 

Antes de la reunión de este viernes, los chispazos entre Lorenzetti y Garavano tuvieron su último round en las jornadas de reforma judicial que se celebraron dentro de la Asociación de Magistrados. Hubo gritos, cruces y debates, tan altisonantes, que una importante ONG pedirá copias de la filmación de los foros, cuyo costado más conocido tuvo que ver con el cambio del horario judicial y la reducción de las ferias vacacionales, dos temas que fueron descartados velozmente. Este diario buscó conocer el punto de vista de la diputada nacional Elisa Carrió sobre la reunión de Lorenzetti con Garavano, pero sus voceros sólo recordaron la furia de la socia menor de Cambiemos con el titular de la cartera de Justicia, que tuvo su último pico de tensión cuando le ordenó a su abogada de confianza, Mariana Stillman, que renunciara a su puesto en la Unidad AMIA cuando supo que el gobierno decidió dejar caer la acusación por encubrimiento del atentado contra la mutual judía contra los exfiscales de la causa Eamon Müllen y José Barbaccia.

Cerca de Lorenzetti sostuvieron que «no hay interlocutores entre el máximo tribunal y el gobierno», aunque en la Casa Rosada lo niegan. Macri coordina una «mesa judicial» que está integrada por operadores que no hacen otra cosa que transitar pasillos judiciales, hablar con jueces y transmitir mensajes a los cortesanos. Ellos son el jefe de asesores del presidente José Torello, el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, el abogado del Grupo Clarín, director de YPF y legislador del Parlasur Fabián Pepín Rodríguez Simón, el secretario de Justicia Santiago Otamendi y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. A ellos se suman otros vidriosos operadores que acumulan décadas en lobby en la Justicia y que responden al empresario de los juegos de azar y presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, a través del abogado, ex subsecretario de Inteligencia de Fernando de la Rúa, Darío Richarte. «