La Justicia falló a favor de la defensora de los genocidas de la última dictadura militar Cecilia Pando, en una demanda que inició en 2010 contra Revista Barcelona por una satirización que hicieron de la esposa del Mayor retirado Pedro Rafael Mercado. El fallo de la Sala D de la Cámara Civil es de segunda instancia y eleva de 40 a 70 mil pesos la indemnización que Barcelona debe pagarle a Pandro. Eso, según Ingrid Beck, la directora de la revista, “implica el cierre definitvo” de la publicación. O sea: es otro antecedente grave contra la libertad de prensa.

La parodia fue un fotomontaje en la contratapa de la edición de agosto de 2010, luego de que Pando se encadenara al Edificio Libertador, sede el Ministerio de Defensa, para mostrar su solidaridad con los condenados por delitos de lesa humanidad. Pando consideró que el fotomontaje «lesiona su honra” e inició acciones legales.

El fallo de la jueza Patricia Barbieri es por lo menos ambiguo. En primera instancia, la jueza civil Susana Nóvile había ordenado una indemnización de 40 mil pesos por entender que Pando era una persona privada y no pública. En este caso, esa premisa no es compartido por los camaristas, que igual ratifican la indemnización y la aumentan a una cifra que pone a la publicación al borde del cierre. Sin embargo, en el fallo también se indica que “la indemnización no debe llegar al punto de sojuzgar al medio periodístico de manera de impedirle el cumplimiento de tan excelsa tarea”. La suma de 70 mil pesos lleva al cierre de Barcelona, que apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jueza Barbieri cita casos de jurisprudencia de Estados Unidos y de España, respectivametne, en los que se “protege el derecho a parodiar figuras públicas” y que la “caricatura (…) contituye una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla o la ironía críticas sociales o políticas”. Pese a eso, los camaristas le dan la derecha a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.

Existe un antecedente de un fallo que perjudicó al periodista Andres Cascioli por la publicación de una carta de lectores en la Revista Humor. Su viuda y su hija se encuentran aun hoy obligadas a pagar demandas judiciales arbitrarias, luego de afrontar las deudas de una quiebra que originó el Estado que nunca le otorgó pauta oficial a esas publicaciones. Como parte de ese acoso, la editorial perdió el edificio, donde hoy funciona la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Por eso, en noviembre de 2016 la Asociación de Revistas Culutrales (ARECIA) presentó en la Legislatura de la Ciudad la llamada Ley Cascioli para “proteger y fomentar la producción independiente y autogestiva”.

El fallo completo: