El represor Jorge Omar Lazarte, condenado en Tucumán a prisión perpetua en septiembre de 2017 en el marco de la megacausa por el Operativo Independencia, vio revocado el arresto domiciliario que cumplía en Capital Federal y fue enviado a la unidad 34 de Campo de Mayo el martes último. El fiscal Pablo Camuña dio por verificada “la violación sistemática” de ese beneficio.

Camuña señaló que “por lo menos desde hace dos años, Lazarte sale de su domicilio, violando los términos de la prisión domiciliaria”, por lo que solicitó que esta se le revocara y el juez Gabriel Casas dispuso que se lo encerrara en la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo. También se fijó una audiencia vía teleconferencia para el próximo viernes con el tribunal tucumano.

Una moza realizó que lo atendió en un restaurante buscó su identidad en Google cuando el represor se olvidó su tarjeta de crédito el 26 de diciembre de 2019. La denunciante relató que que Lazarte había concurrido al local del barrio de Coghlan otras veces, pero que ese día “en circunstancias de un posible reconocimiento, salió rápidamente dejando olvidados su tarjeta de crédito y su DNI”. En la búsqueda por internet descubrió que se trataba de un condenado por crímenes contra la humanidad, por lo que guardó los documentos de identidad y tickets hasta que el represor regresó al local, luego adjuntó a la denuncia las fotos de Lazarte junto a su mujer y su perro, de su DNI y de los tickets.

El 13 de marzo la Agrupación HIJOS Tucumán señaló que “Lazarte además de salir a comer pizza con su perro cada vez que se le ocurre, lleva dos años visitando al dentista todas las semanas. Tres años haciendo fisioterapia todas las semanas  y el tribunal no controló nunca si esto era verdad”. Al mismo tiempo denuncian que “los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Gabriel Casas y Jiménez Montilla, le han otorgado a casi todos los genocidas condenados el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Lazarte también fue condenado por delitos de lesa humanidad en las causas conocidas como «Arsenales II» y «Villa Urquiza», cuyos juicios también se realizaron en Tucumán. El fiscal detalla que el criminal estaba autorizado para ir al médico, pero que no poseía un permiso para que “se siente a disfrutar de un almuerzo en un bar a plena luz del día”. Las autorizaciones le fueron otorgadas en abril de 2018 para los días martes y jueves, aunque “no existen constancias en el expediente de un tratamiento”.

A pesar de que Lazarte posee tobillera electrónica, estos permisos le permitían salir de su casa donde se suponía que debía cumplir la condena a prisión. Según informa el sitio fiscales.gob.ar el Ministerio Público Fiscal “requirió un informe al Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) sobre las prestaciones autorizadas al hombre desde enero 2017: la respuesta fue que sólo tiene previsto un tratamiento de fisioterapia para abril”.