Rodríguez Larreta avanza con la entrega de tierras porteñas

Denuncian que el gobierno PRO privatizó espacios públicos equivalentes a más de 200 manzanas de la Ciudad, entre ellos fracciones de parques, calles y campos de deportes municipales.
30 de Julio de 2016

Desde el inicio de la Gestión del Pro en la Ciudad (2008) se han privatizado más de doscientas hectáreas de tierra pública, una superficie equivalente a más 200 manzanas, según un informe de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Sin embargo, el PRO no está solo en esta movida. En el 80 por ciento de los proyectos que favorecieron la privatización de tierras o espacios públicos, tuvo la colaboración legislativa de buena parte del Frente Para la Victoria (FPV) y el radicalismo, ya que las modificaciones debían hacerse con el acuerdo de las dos terceras partes del parlamento porteño, algo que el macrismo por sus propios medios no alcanza.

“Es una política deliberada que (Horacio) Larreta ha profundizado -dice Jonatan Baldiviezo, abogado y miembro del Observatorio-. Sus formas de financiamiento de todos los emprendimientos inmobiliarios o de infraestructura que ha anunciado es con deuda pública o con venta de tierras. No está utilizando ninguna otra herramienta urbanística para captar ingresos para la Ciudad, o recuperarlos cuando la Ciudad invierte.”

En ese sentido, tanto el Observatorio como otras organizaciones no gubernamentales, advierten que además de que esta política tiene un límite porque la Ciudad no tiene “tierras infinitas para estar vendiendo” o puede endeudarse ad eternum, “cuando se profundice la crisis habitacional” no habrá tierras o inmuebles a los que recurrir para paliarla. “Si ahora se está descapitalizando, a futuro las va a tener que comprar, y más caras, y seguramente va a tener que tomar deuda porque habrá agotado todos los recursos que tiene la Ciudad”, agrega.

Para llevar adelante esta política, el gobierno de Larreta creó, aprobado por la Legislatura, la Agencia de Bienes, una organización que tendrá a su cargo la administración de todos los inmuebles que estén al norte de la avenida San Juan. “Es una inmobiliaria que gestiona la venta de los inmuebles, no entiende que esos inmuebles puedan ser utilizados para programas habitacionales, alquileres, viviendas sociales; está concebida para hacer ventas o concesiones. Esa fue una de las mayores oposiciones que las organizaciones y las asambleas adoptaron este año, porque la Agencia tiene ese único fin: profundizar la mercantilización de la Ciudad y su descapitalización”.

Para concretar su idea, el gobierno porteño llevó adelante las audiencias públicas que la Constitución del estado de la Ciudad establece. Como es costumbre, se escucharon de manera unánime voces en contra de la creación de la mencionada Agencia. También, como es habitual, se aplicó su política del tiene razón pero marche preso.

Las audiencias “no son vinculantes -dice Baldiviezo-, pero también la Constitución en su artículo 1 dice que la Ciudad tiene una democracia participativa, y si el rechazo es unánime, los legisladores deberían respetar lo que resulta de esa participación”. Al ninguneo de la voz ciudadana no faltó nadie del arco político: el FPV (“más que nada el PJ relacionado con los sindicatos”, dice Baldiviezo), el radicalismo, el massismo y los legisladores del bloque de Graciela Ocaña.

El problema para los ciudadanos porteños se acrecienta, ya que, pese a los insistentes pedidos de las organizaciones y de algunos legisladores para que el Gobierno difunda un informe detallado sobre qué características y a qué están asignados cada uno de los más de 4000 inmuebles de la Ciudad, nunca respondió.

“El Gobierno no quiere dar la información, cuáles son los terrenos e inmuebles de dominio público, que no se pueden vender, y cuáles sí.” El ninguneo a la ciudadanía por parte del gobierno de Larreta y de la mayoría de los legisladores llega a tal punto, que la ley que permitió la creación de la Agencia expresa que dicho informe será entregado por el ejecutivo un año después de la sanción. Es decir que los legisladores votaron “el traspaso de las tierras de la Ciudad a un ente sin siquiera saber qué cantidad de tierras estaban traspasando”.

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