Rodríguez Larreta quiere cobrar a movimientos sociales por reparaciones en la plaza del Congreso

La suma asciende a 37 millones de pesos. "La policía defendió la democracia con temple, y gracias a ella no se pudo consumar el golpe institucional", afirmó.
27 de Diciembre de 2017

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que el gobierno porteño inició acciones legales para “cobrarle los arreglos” de los destrozos en la plaza Congreso, alrededor de 37 millones de pesos, a organizaciones sociales y políticas involucradas en las protestas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional.

Sin tomar en cuenta las denuncias por la alarmante y sistemática represión –basadas en evidencias, fotos, videos, declaraciones de testigos, detenciones de ciudadanos al voleo– programada para ambas fechas, el jefe de gobierno echó mano de su calculadora, hizo algunas cuentas y decidió pasarle la factura a las organizaciones que representan a los más humildes. De su responsabilidad en el abuso de fuerza poco dijo, aunque suficiente, ya que en sus palabras la policía fue la heroína de la jornada que enfrentó a manifestantes que buscaban dar una suerte de golpe de Estado: “La violencia la sufrió la policía que defendió la democracia con temple, y gracias a su actuación no se pudo consumar el golpe institucional que hubiera sido que el Congreso no pudiera sesionar”.

Larreta insiste en tapar el sol con la mano y afirmó con que “la Policía cumplió su cometido”, ya que “se pudo sesionar en el Congreso, no hubo peligro en la sesión”. Luego, para que no hubiera ambigüedad posible remarcó que “la agresión la recibió la Policía”.

Nada dijo sobre los ciudadanos heridos (cuatro ya perdieron un ojo) o detenidos, tampoco se expresó respecto de los reporteros gráficos, a quienes la policía buscaba especialmente para reprimir y evitar que registraran sus acciones. Sin embargo, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa (Sipreba) levantaron la consigna: “No disparen contra la prensa, libertad para informar”.

La CIDH y la Relatoría especial para la Libertad de Expresión también se expresaron el jueves 21, haciendo pública una advertencia al Estado argentino. En el documento señalan “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados”. El texto hace referencia a los mismos hechos por los que Rodríguez Larreta busca incriminar a las organizaciones sociales, además de cobrarles.

El costo total de las obras que pretende colectar el gobierno porteño es de 37 millones de pesos. Según sus cuentas es lo que costó la limpieza y reposición de mobiliario (92 papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y nueve de 3.750) y el arreglo de veredas de la plaza y alrededores, entre otros gastos. Además las obras incluyen la recuperación de los espacios verdes con nuevos pisos, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped. “Fuimos a la Justicia para que los vecinos no tengan que pagarlo”, disparó Larreta.

“La Procuración de la Ciudad inició las acciones penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos”, aseguró el político al supervisar el inicio de las obras de refacción de la plaza.

La respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la serie de eventos que tienen a sus fuerzas de seguridad en el centro es desfundar la calculadora y no hacerse cargo de la violencia estatal que se extiende por la ciudad cada vez que una voz opositora quiere expresarse. Según dijo Larreta, el gobierno “ya se presentó la semana pasada en la causa penal por los disturbios y la agresión a la autoridad policial, pero también en el fuero civil para que nos reembolsen los daños”, explicó.

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