Roggio logró que se levante parcialmente el embargo sobre su cuenta sueldo

El empresario procesado sin prisión preventiva en la causa de los cuadernos reclamó poder solventar sus "gastos cotidianos". La Justicia accedió a liberar el 80% de ese dinero.
16 de Diciembre de 2018

El empresario Aldo Benito Roggio, dueño de la poderosa firma que lleva su apellido, obtuvo el levantamiento parcial de una "cuenta sueldo" en el Banco de Galicia para, con ese dinero, "afrontar compromisos con terceros, solventar los gastos cotidianos y los vinculados a su profesión". Así se desprende de documentación a la que tuvo acceso Tiempo, en el marco de la causa por las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El juez federal Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva a Roggio como miembro de una asociación ilícita y le embargó sus bienes. Roggio accedió a los beneficios de los "arrepentidos" después de tres declaraciones ante el fiscal Carlos Stornelli. Pero ello, al igual que a otros empresarios que se acogieron al mismo régimen, no le evitó el procesamiento y las medidas restrictivas sobre sus bienes.

Los abogados del empresario, el excamarista del juicio a los comandantes de la última dictadura Jorge Valerga Aráoz y su hijo homónimo, objetaron los alcances del embargo y pidieron "el levantamiento de la inmovilización de la caja de ahorros en pesos del Banco Galicia por constituir la 'cuenta sueldo' de Roggio, atento a que dicha medida le impedía al nombrado afrontar compromisos con terceros, solventar los gastos cotidianos y los vinculados a su profesión".

Bonadio accedió al levantamiento parcial y le notificó al Banco de Galicia que "los fondos registrados en la cuenta sueldo del nombrado sólo deberán afectarse hasta un 20% (desde el 24 de septiembre de 2018 –fecha en la cual se inhibió– y también los futuros que ingresen)”. Pero los Valerga Aráoz apelaron y fueron por el levantamiento de ese 20% residual que había mantenido Bonadio.

Ahora, la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, avaló el levantamiento parcial y la manutención del embargo hasta el 20% de los ingresos en esa "cuenta sueldo". En agosto pasado, Roggio renunció a la presidencia de su propia empresa, pero sigue obviamente ligado a ella, aunque con otro status jurídico en lo formal.

"La medida adoptada luce en principio razonable", dijeron los camaristas sobre las restricciones a la cuenta. "La liberación del 80% de los fondos cautelados permite presumir que se encuentran cubiertas las necesidades esbozadas por la defensa." No obstante, el fallo deja abierta la posibilidad de que Roggio obtenga finalmente el levantamiento total de la disponibilidad de fondos sobre esa cuenta. "No se ha detallado en los agravios cuál es el perjuicio concreto que provoca al imputado no contar con el 20% de su salario, remitiéndose la parte sólo a cuestiones de índole generales que impiden revelar el perjuicio concreto", advirtió el fallo. Si subsanara esa omisión y explicara para qué necesita ese 20% retenido (las cuentas sueldos tienen esencialmente carácter alimentario), el tribunal podría volver a evaluar la situación y eventualmente hacer lugar al pedido.

Como "arrepentido", Roggio declaró que pagó el cinco por ciento de los subsidios recibidos por su empresa, correspondientes al Ferrocarril Urquiza, al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. También reconoció pagos por el contrato de explotación del subte de Buenos Aires.

"No teníamos el ADN del gobierno anterior. No éramos queridos. Es decir, por ejemplo, se han hecho manifestaciones públicas donde se hablaba mal de nosotros. (…) En ese contexto fui objeto en forma directa de requerimientos de parte de Roberto Baratta para campañas electorales, según este expresara en distintas oportunidades a los que en varias no accedí."

Roggio dijo que los pagos que efectuó "fueron por sumas sensiblemente inferiores  a las denunciadas". En efecto, reconoció haber pagado "el equivalente a 50 mil dólares y otra vez 100 mil dólares". Además, dijo que el pago lo efectuó a Roberto Baratta y a Julio De Vido, pese a lo cual Bonadio tomó por indicio de responsabilidad la declaración del financista Ernesto Clarens, quien sostuvo que Roggio le había entregado dinero a él. Esa supuesta duplicación de pagos no está explicada en ninguna página del expediente. «

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