Un conocido refrán recomienda que si algo no está roto, no lo arregles. Lo que está sucediendo con la Defensoría del Público Audiovisual desde hace unos meses parece la antítesis exacta de ese sabio consejo. La Defensoría no estaba “rota” y, de hecho, para los estándares de la gestión estatal argentina, funcionaba bien. Ahora la están rompiendo. La responsabilidad es del Congreso Nacional.
La función de la Defensoría es recoger inquietudes del público audiovisual, hacer capacitaciones e investigaciones sobre los medios, organizar audiencias públicas, promocionar los derechos que tienen a las audiencias como sujeto y articular la situación de las audiencias con la de los emisores. Sus mediaciones fueron y son muy eficaces y respetadas por medios grandes y pequeños, comerciales, estatales, cooperativos y comunitarios.
La Defensoría del Público Audiovisual depende de la Comisión Bicameral de las Comunicaciones del Congreso Nacional. Por decisión de esa Comisión, el organismo quedó acéfalo hace dos años (no tramitaron, en todo ese tiempo, el proceso de cobertura de su titularidad), después de sus cuatro primeros años de existencia tras su creación por Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Es decir, desde hace dos años es la Comisión Bicameral la que incumple parte de su función, no la Defensoría. Pero, aún acéfala y con competencias recortadas, la Defensoría, continuó haciendo su trabajo (a diferencia, perdón la reiteración, de la Comisión Bicameral de Comunicaciones). Hasta que, en septiembre pasado, la Comisión Bicameral intervino la Defensoría al nombrar un funcionario que carece de cualquier antecedente ligado a medios, periodismo, comunicación o audiencias. De hecho, ocultaron su CV al designarlo y una de las diputadas presentes, en un acto reñido con cualquier noción republicana, dijo que la presentación del curriculum del funcionario no era necesaria porque “a Emilio Alonso lo conocemos todos”, omitiendo además que no, que no lo conoce nadie vinculado al tema en cuestión.
La promesa fue que esa intervención duraría dos meses (hasta noviembre) para, finalmente, designar un/a nuevo/a titular de la Defensoría, como manda la ley (que la Comisión Bicameral incumple). Pero eso no ocurrió… en cambio, prorrogaron tres meses más el plazo de la intervención hasta marzo de 2019.
El daño al organismo no se detuvo en su mera intervención por personal sin capacidad ni conocimiento para conducirlo sino que, además, la semana pasada la Comisión Bicameral relevó al responsable de la Dirección de Capacitación y Promoción, área que desarrolla la mayor parte del trabajo territorial y federal de la Defensoría, es decir, la que dialoga directamente con las audiencias. Es decir, lejos de administrar el organismo hasta su normalización, están “rompiendo” a la Defensoría. La Comisión Bicameral no sólo incumple su mandato de tramitar la designación de un nuevo/a defensor/a, sino que altera lo que desde hace seis años funciona bien.
Quien se desempeñaba como director es Ernesto Lamas, un experto en comunicación comunitaria con reconocimiento nacional e internacional, cuya labor es apreciada por organizaciones académicas, comunitarias y sociales en todo el país. Este es un ejemplo cabal de cómo entiende la “meritocracia” el elenco dirigente (no lo restrinjo al PRO): designan interventores sin antecedentes ocultando sus CVs y relevan a quienes sí acreditan sólidos conocimientos y competencias.
En un país en el que la/os más alta/os funcionaria/os de comunicaciones se muestran incapaces para redactar un proyecto de ley integral de un sector regulado por decretos presidenciales hace tres años, el Congreso se dedica a romper uno de los pocos espacios que funciona bien.
En la Argentina falta legislación adecuada sobre: promoción de contenido periodístico y de ficción en los medios, protección de datos personales, convergencia de las comunicaciones, brechas digitales, asimetrías del mercado audiovisual y de telecomunicaciones, estímulos para la diversidad y pluralismo (político, social, geográfico), creación de medios públicos no gubernamentales, reemplazo del regulador actual por una autoridad de aplicación no gubernamentalizada, contraprestación pública de servicios básicos (conectividad), reglas para contenidos de interés relevante, entre otros temas.
También está pendiente la cuestión cada vez más candente de la estructura impositiva de los gigantes digitales, las llamadas “fake news” y los derechos de las “ciudadanías digitales”. Pero la Comisión Bicameral de las Comunicaciones se dedica, en cambio, a “romper” el órgano que tutela por los derechos de las audiencias, la Defensoría del Público
