Brasilia

Los senadores brasileños escucharán este viernes a  los testigos de la defensa de Dilma Rousseff, en el segundo día de un juicio histórico que, todo indica, terminará despojándola de su mandato.Los sondeos y analistas coinciden en que la tendencia es prácticamente irreversible en favor de la destitución de la mandataria, suspendida en mayo, para la que se requiere una mayoría especial de 54 votos (dos tercios) de un pleno de 81 senadores.

Como referencia, el mismo plenario aprobó hace 15 días llevar el proceso a instancia de juicio con 59 votos.

«Cada vez más vamos a hablar de que esto es un golpe, porque no son las pruebas procesales las que están llevando a la destitución Dilma, lo que está llevando a su destitución es una decisión política», dijo a la AFP la senadora comunista Vanessa Graziottin, defensora de la mandataria en la primera línea de batalla.

Si Rousseff, a la que se acusa de maquillar las cuentas públicas, es destituida, se pondrá fin a más de 13 años de gobiernos del PT, golpeado por las revelaciones de masivos escándalos de corrupción, incluido el mega fraude a Petrobras.

Y Michel Temer, vicepresidente de Dilma por cinco años y ahora su enemigo visceral, completará el mandato hasta 2018.

«Este proceso es una farsa, fue montado exactamente para criminalizar a la presidenta Dilma», dijo Hoffman al iniciar la sesión de este viernes, que comenzó con un pequeño atraso pasadas las 9h40 (12h00 GMT) y podría extenderse sin pausa hasta el sábado.

El Senado escuchará a los seis testigos de Rousseff, entre ellos el exministro de Economía Nelson Barbosa, después de un muy acalorado primer día del maratónico juicio, en el que se escucharon en más de 12 horas los dos testigos de la acusación.

El futuro de Dilma

La primera presidenta de Brasil, de 68 años y elegida en 2010 en medio de un boom económico que hizo agua, tomará la posta de la defensa el lunes, posiblemente acompañada de su antecesor y mentor político, Luiz Inacio Lula da Silva. Deberá hablar entre 30 y 60 minutos, según analistas, con un discurso más dirigido a la nación y no a los senadores, que ya tienen una opinión formada y que podrán además interrogarla.

Después vendrán las deliberaciones, que deben prolongarse hasta el martes, para iniciar la votación.

«Lo que puede pasar con la intervención de la presidenta es una ampliación de la cantidad de votos favorables al impeachment. A medida que el proceso avanza queda cada vez más claro que la presidenta cometió crímenes», indicó Cassio Cunha Lima, del socialdemócrata PSDB.

El presidente de la corte suprema, Ricardo Lewandowski, pidió a los senadores-jueces que dejen de lado sus posiciones ideológicas y partidarias, pero tuvo repetidamente que poner orden en los tensos debates del Senado.

En caso de ser sentenciada, Rousseff, esta mujer que militó en una guerrilla marxista durante la dictadura (1964-1985), quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años.

La mandataria insiste en que es «inocente» y denuncia ser víctima de un «golpe de estado» orquestado por Temer.

Rousseff es acusada de violar las normas fiscales al manipular datos que permitieron ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su gobierno, y emitir por decreto líneas de crédito extraordinarias sin el aval del Congreso.

La mandataria aduce que esas han sido prácticas corrientes en Brasil y que la operación fuye destinada a planes sociales.

Aislada desde su suspensión en una especie de destierro en el Palacio de Alvorada, la residencia presidencial, Dilma ha pedido «mantener viva la esperanza» aunque la derrota parece cantada incluso para sus propios partidarios.

La dirección del PT rechazó por amplia mayoría el referendo para adelantar las elecciones propuesto por la mandataria si volvía al poder y en las calles de Brasilia no hay manifestantes cerca del Congreso, donde se colocaron barreras por seguridad, a diferencia de meses atrás cuando inició el proceso.

«Este es el día de la vergüenza nacional», zanjó Lula el viernes.

Crisis económica

Brasil atraviesa la peor recesión en décadas y está golpeada además por alta inflación, desempleo y un déficit de 45.000 millones de dólares.

Desde que asumió el gobierno, con el aval de los mercados, Temer ha dicho que encaminar la economía es una prioridad y que no le temblará el pulso para tomar medidas, incluso impopulares, para poner orden en las cuentas. Todo eso con una popularidad de apenas 13% y sin la legitimidad que dan las urnas.

Según medios de prensa, Temer apuesta a que el juicio termine antes de su viaje a China el miércoles para participar de la reunión del G20, a la que quiere llegar sin el título de interino. El PT por su parte, trata de atrasar el proceso.