Dilma Rousseff pidió la anulación del juicio político que derivó en su destitución de la presidencia de Brasil. La ex mandataria, a través de su abogado defensor, pidió ante el Supremo Tribunal Federal “la suspensión de inmediato de los efectos de la decisión del Senado Federal que condenó por crimen de responsabilidad a la Presidenta de la República”.

Rousseff no reclama en su presentación recuperar la presidencia, sino “un nuevo juicio” y que mientras tanto se restablezca la conducción interina de Michel Temer, su ex vicepresidente, que ayer juró.

La presentación está firmada por el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, el mismo que defendió a Dilma durante el impeachment que derivó en su destitución.

Mediante un golpe parlamentario, el Senado brasileño expulsó a Rousseff de la presidencia para colocar en el poder a Temer. La dirigente del PT advirtió en una carta que la decisión implica un giro a la derecha y la próxima supresión de derechos para los brasileños.

Los abogados de Dilma reclamaron ante el Tribunal que se declaren inconstitucionales dos artículos de la Ley de Impeachment, de 1950, en los que se definen los “delitos de responsabilidad” usados para condenar a Rousseff. Según ellos, esos puntos no son “compatibles” con la Constitución de 1988.

El magistrado Teori Zavascki es quien debe definir ahora sobre esta cuestión. Y no tiene plazos legales. El ministro del tribunal puede analizar el pedido para suspender la jura de Temer como presidente y volver todo atrás, aunque la cuestión de fondo debe definirla el Supremo Tribunal Federal, que está presidido por el que condujo la etapa final del proceso de destitución, Ricardo Lewandowski.