Tras su salida del Poder Judicial, el extitular del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, denunció presiones para renunciar por parte del gobierno nacional y una intención de frenar las causas por el rol de empresarios y civiles durante la dictadura.

«Se veía venir. La presión se ejerció de distintas maneras», expresó el exmagistrado en Radio 10 y señaló que las presiones fueron ejercidas desde el poder político y mediático: «Hay dos hilos comunes: el dinero y la ideología. Medios de comunicación que tienen una historia que hay que revisar y un proyecto económico que generó el terrorismo de Estado en los ’70 y que hoy es el proyecto de exclusión que se está generando», aseguró.

«Por primera vez en más de tres décadas de vigencia institucional, se percibe que el Estado avanza sobre jueces y fiscales de la Nación», opinó y consideró, que «se debe investigar y eventualmente castigar a los verdaderos jefes, economistas, abogados, sacerdotes, jueces y empresarios, sin los que jamás se podría haber llevado a cabo el proceso genocida».

Rozanski denunció un mecanismo para presionar a través de esos medios de comunicación. Indicó que el gobierno nacional se valió «de los mismos medios de comunicación que llevan a cabo sus operaciones en papel manchado de sangre», y concluyó: «Anuncian a través de algunos periodistas, en no menos ensangrentados canales de televisión, la suerte de los magistrados seleccionados. Luego, sin que la verdad tenga importancia alguna, con burdas mentiras y difamaciones bizarras, se ponen en marcha los mecanismos legales para llegar, con métodos ilegales, a los fines propuestos.»

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