La ordenanza que prohíbe el uso de glifosato en Gualeguaychú, recientemente aprobada por el Concejo Deliberante local, generó alivio en miles de vecinos mortificados por el aumento de casos de cáncer registrado en los últimos años, a partir del auge de la fumigación de campos con ese tipo de agroquímicos, pero ha disparado un espeso clima de insurrección entre los productores, que no quieren renunciar a la utilización del herbicida estrella de la actividad sojera.

Tras una reunión del Consejo de Delegados de la sección Entre Ríos de la Federación Agraria, realizada la semana pasada en Villaguay, la entidad se declaró en pie de guerra contra la medida que impide la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización de glifosato en el casco urbano de Gualeguaychú y sus alrededores, y que entrará en vigencia en pocos días más.

«Se evaluó el impacto que esto genera sobre cientos de productores, que no podrán hacer uso de esta herramienta, para el desenvolvimiento de las actividades agropecuarias en general. Se planteó un terminante rechazo a la ordenanza y que se busquen alternativas desde lo legal, para tratar de revertir el impacto de la misma», se indicó desde Federación Agraria en un comunicado.

“El glifosato es una herramienta de trabajo”, aducen los ruralistas de Gualeguaychú, desentendiéndose de los efectos que provoca sobre la salud de los habitantes de pueblos fumigados, particularmente y con mayor frecuencia en niños. Y advierten que presentarán amparos y aún más: pedirían la inconstitucionalidad de la ordenanza.

La Mesa de Enlace provincial –integrada por los titulares de la Federación Agraria entrerriana Elvio Guía; de la Sociedad Rural local, Walter Feldkamp; de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho; y el de la Federación Agraria, Elvio Guía– se reunió el jueves pasado. En la conferencia de prensa posterior, los referentes rurales sostuvieron que “no existe informe alguno que diga que el glifosato sea el detonante de enfermedades terminales” y deslizaron que la ordenanza votada sería una “artimaña política para enmascarar una serie de problemas que tiene la ciudad, como efluentes cloacales, basurales y otros”.

“Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa”, dijo Feldkamp al portal Infobae. Y aseguró que los concejales que aprobaron la ordenanza “no entendían nada sobre nuestro trabajo; necesitan asesoramiento técnico”.

En sus considerandos, la ordenanza votada menciona el estudio de la Organización Mundial de la Salud –más precisamente, el realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS– que incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos.

La IARC “categorizó al glifosato, agroquímico más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico, en la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad», asegura el texto suscripto por los concejales de Gualeguaychú, y agrega que «hay pruebas convincentes” de que existe una «asociación positiva entre la exposición al producto químico y el cáncer».